Rodolfo Orellana: Comisión congresal aprobó por unanimidad el informe final

La comisión investigadora del Congreso de la República sobre el caso Rodolfo Orellana, presidida por Vicente Zeballos, aprobó por unanimidad el informe final, que contiene 97 conclusiones y 70 recomendaciones, y lo entregó a la presidencia de la Mesa Directiva para ser incluida en la agenda y debatida por el Pleno, para luego, en caso sea aprobado, derivarlo a las entidades públicas para su implementación.

En el documento se resalta la existencia de una organización criminal que inició sus operaciones ilícitas a partir del año 2002, la misma que fue liderada y financiada por Rodolfo y Ludith Orellana Rengifo, quienes coordinaban y disponían que sus demás integrantes realicen diferentes tareas o funciones relacionadas a la apropiación ilícita, saneamiento irregular de inmuebles, asesoramiento empresarial para defraudar al Estado y a particulares, entre otras actividades.

Para realizar estas actividades, la organización de Rodolfo Orellana contaba con el apoyo de sus familiares, un equipo profesional conformado por abogados, árbitros, ingenieros, administradores, contadores y personas que prestaban su consentimiento para figurar como vendedores o compradores de inmuebles.

Asimismo, Rodolfo y Ludith Orellana constituyeron y adquirieron diversas empresas con el objeto que, a través de ellas, se adquieran inmuebles y en sus cuentas se abonen los pagos por las transferencias inmobiliarias que realizaban los testaferros.

Esta organización criminal tenía a su disposición un equipo profesional que, de acuerdo a su especialización, elaboraba estrategias (entiéndase contratos simulados, laudos arbitrales) para que, a través de procesos judiciales y administrativos, concrete sus actividades ilícitas. Esta área estaba integrada por un importante número de abogados especialistas en derecho civil, penal, administrativo, registral, notarial y constitucional, los mismos que, a través de lobbies y actos de corrupción, obtuvieron decisiones favorables en beneficio de los intereses del grupo Orellana Rengifo.

Además, la red de Orellana tenía a su disposición a varias personas dedicadas a actos de hostilización y amedrentamiento, las mismas que, bajo la dirección de Benedicto Jiménez Bacca y el financiamiento de Rodolfo y Ludith Orellana Rengifo, habrían realizado acciones de reglaje e intimidación contra los ciudadanos o funcionarios públicos que denunciaban las actividades ilícitas de la organización, con la única finalidad de elaborar denuncias y fabricar hechos calumniosos y difamatorios, que luego eran propalados por medios de comunicación televisivos y escritos, como el programa Juez Justo TV SAC y las revistas Juez Justo, Vox Populi, Quinto Poder y otros pasquines destinados a difamar, intimidar, y desprestigiar.

El movimiento económico que generaron las actividades ilícitas de la organización Orellana ascendió a S/.490,497,762.22, en rubros como inmuebles, cooperativas, intermediación legal y minería.

Sobre las instituciones públicas se destaca que la permanencia en el tiempo de la organización criminal de Rodolfo Orellana habría obedecido principalmente a la falta de iniciativa de control y a los actos de corrupción al interior de algunas entidades públicas, toda vez que las mismas recién iniciaron investigaciones y modificaron sus reglamentos internos ante los informes periodísticos y la instalación de la presente comisión congresal.

Producto de esta investigación se incluyen iniciativas legislativas que van a cautelar los vacíos normativos que permitieron a la organización criminal de Rodolfo Orellana apoderarse de los inmuebles, defraudación al estado y privados.