Los interrogatorios a los 86 investigados por la red de Rodolfo Orellana –que arranca el miércoles con la declaración de su mano derecha, Benedicto Jiménez– servirán para saber qué políticos y funcionarios de alto nivel permitieron que esta organización crezca y actúe con impunidad, dijo ayer el presidente de la comisión especial del Congreso a cargo del caso, Vicente Zeballos.
“Pueden salir elementos sobre la participación directa o indirecta de altos funcionarios del Estado. Pueden surgir nombres de funcionarios que pasaron desapercibidos porque lo cierto es que hubo flexibilidad, por no decir omisión, para que esa organización opere”, señaló a Perú21.
Por ello, indicó que es importante interrogar, por ejemplo, a Orellana, a su hermana Ludith y a Jiménez. La comisión prevé hablar con los dos primeros antes del 15 de diciembre, luego de que el Ministerio Público y el Poder Judicial les tomen su manifestación.
LOS GOBIERNOS
Zeballos indicó que él no caerá en el “cliché” de decir que la red trabajó con menor o mayor libertad en el gobierno de Ollanta Humala, Alan García o Alejandro Toledo.
Lo que es innegable –puntualizó– es que Elena Ramos Gallegos, la primera esposa de Orellana, trabajó en el gobierno de Toledo y que Jiménez postuló a la Municipalidad de Lima por el Partido Aprista.
También es cierto –añadió– que la revista Juez Justo, usada por la mafia para amedrentar y calumniar a sus opositores, tuvo su apogeo en los años 2011 y 2012.
“Distintos hechos vinculan a distintos periodos de gobierno, pero aún no son suficientes para decir que tenían una directa vinculación con el gobierno. Hay elementos que los relacionan con todos. A Orellana le gustaba congraciarse con las altas esferas del poder político”, explicó.
En ese contexto, el legislador dijo que la segunda etapa de las pesquisas será clave para conocer todos los tentáculos de la mafia. La primera fase, que incluyó la declaración de los afectados y la recopilación de documentos públicos y privados, permitió avanzar un 35% en ese camino.
“Ingresamos a la etapa más importante. Ya terminamos con la declaración de los agraviados. Lo fuerte viene ahora”, anotó tras asegurar que seguirán trabajando pese al receso parlamentario, que se inicia el 15 de diciembre.
Además, coincidió con la Fiscalía de Lavado de Activos en que la red criminal de Orellana habría sacado el dinero irregularmente amasado al exterior.
“La información migratoria es que muchos de los involucrados tienen viajes al extranjero, por ejemplo, a Panamá”, aseveró.
DEFIENDE A BARRETO
De otro lado, el procurador anticorrupción, Christian Salas, salió en defensa de la fiscal de Lavado de Activos, Marita Barreto, tras los cuestionamientos a su labor.
Pidió a los detractores de Barreto que la apoyen y la dejen trabajar, y sostuvo que los resultados de sus pesquisas quizá no se vean ahora, pero sí en los próximos meses.
“Ha incautado y allanado cuando tenía que hacerlo, y ha guardado reserva de cierta información, como corresponde por un tema de estrategia”, indicó el abogado del Estado.
La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) dispuso, a inicios del mes, el levantamiento de secretario bancario de los investigados por el Congreso.
Además, la Sunat ya remitió documentos sobre la reserva tributaria de los investigados.
A fines de año, la comisión Orellana presentará un informe preliminar. No se descarta solicitar una ampliación del plazo de trabajo, que vence en marzo.
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