El proyecto de ley de la bancada de Fuerza Popular –que plantea prohibir que los investigados y sentenciados por delitos de corrupción en agravio del Estado accedan a cargos de responsabilidad en los medios de comunicación– generó ayer varias observaciones y cuestionamientos entre representantes de otras tiendas políticas.
El vocero alterno de Peruanos por el Kambio (PpK), Juan Sheput , declaró a Perú21 que “las normas de buen gobierno y de gobierno corporativo ya establecen limitantes para personas con dudoso accionar”, por lo que no sería necesario legislar sobre la materia.
“Las empresas se cuidan en la formación de sus directorios porque son su carta de presentación y uno de sus activos, de manera que son muy cuidadosas en el nombramiento de sus directivos”, comentó.
Sheput agregó que una legislación como la que plantea Fuerza Popular constituiría una “intromisión, de repente buscando sacar del camino a alguien”.
“Sería una norma con nombre propio. Esta norma no solo revela desconocimiento de la forma como operan las empresas privadas, sino una intromisión directa”, prosiguió.
El parlamentario añadió que, tal como está redactada, la iniciativa no solo está limitando la participación de personas, sino excluyéndolas.
“Adicionalmente, sería muy complicado reglamentar la norma para tipificar el delito.
Es una norma mal pensada que obedece a algún tipo de situación actual y podría afectar lo que es el tema de la empresa privada”, manifestó.
“Es discutible”
El portavoz del Partido Aprista, Javier Velásquez , en tanto, dijo que es “discutible” que el Congreso, a través de la legislación, pueda intervenir en la formación de los directorios de los medios de comunicación.
“Las leyes no tienen efecto retroactivo y no puede haber excepciones al respecto. Hay que hacer una evaluación cuidadosa respecto de los alcances del proyecto para evitar que, en la búsqueda de normar en positivo la lucha contra la corrupción, se pueda afectar el derecho a la libertad de expresión”, indicó.
Sabía que
El proyecto de ley de Fuerza Popular fue presentado el 7 de marzo pasado y tiene como autoras a las legisladoras Úrsula Letona y Alejandra Aramayo.
La iniciativa propone que los investigados y sentenciados por corrupción en agravio del Estado no podrán ser accionistas, miembros del directorio, gerentes, productores, editores o directores periodísticos de los medios de comunicación.
También plantea que el Ministerio de Transportes facilite la constitución de una veeduría ciudadana.
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