Cuestionada Pilar Freitas en lista de regidores de Susana Villarán

Sorpresas. Pilar Freitas, la defenestrada candidata a la Defensoría del Pueblo, forma parte de la lista de regidores de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, quien tentará la reelección en octubre próximo con la agrupación Diálogo Vecinal.

La exregidora, muy ligada a Perú Posible, se ubica en el puesto cinco de la relación de 39 personas que difundió esta mañana Villarán de la Puente, pocas horas después de inscribir su candidatura ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a través de su personero Marco Antonio Zevallos.

Otra sorpresa en la mencionada lista es Ana María Camargo Bejarano, madre del fotógrafo Ivo Dutra, quien murió en 2011 luego de que una cúster de la empresa Orión lo atropellara.

A pesar de los obstáculos, aquí la lista de los valientes que se atreven a decir sí a las reformas que Lima necesita pic.twitter.com/wUBU302Beg

— Susana Villarán (@SusanaVillaran) julio 8, 2014

CUESTIONADO PASADO DE FREITAS
La denuncia más sonada que recae sobre Freitas es su presunta participación en la falsificación de firmas para la inscripción de Perú Posible ante el JNE, para las elecciones del año 2000.

Como se recuerda, ella aparece en un video junto a Alejandro Toledo y su hermana Margarita –además de otros dirigentes ‘chakanos’– en el que celebraban la inscripción de la agrupación tras un “exigente trabajo” de transcripción, digitación y rechequeado de rúbricas.

El recorrido profesional de Freitas no se inició en el régimen de Toledo Manrique, sino que se remonta al gobierno de Alberto Fujimori. Entre noviembre de 1997 y enero de 1999 trabajó en la mal llamada ‘reforma’ del Poder Judicial que impulsó Vladimiro Montesinos a través de los exsecretarios ejecutivos del Poder Judicial José Dellepiane Massa y David Pezúa Vivanco.

En ese tiempo, Freitas habría percibido más de S/.136 mil un promedio de US$4 mil al mes, sueldo que casi igualaba al del presidente de la Corte Suprema.

Ya en el quinquenio toledista, Freitas llegó a ser viceministra de Justicia cuando Fernando Olivera administraba dicha cartera, y fue vinculada al escándalo de las cartas apócrifas al Vaticano.

Además, mientras se desempeñaba como procuradora del Poder Judicial y del propio Ministerio de Justicia, también fue directora de cinco entidades vinculadas al Estado: Enaco, Tans Perú, IRTP (Canal 7), Osiptel y la Fundación Canevaro. Por cada una de ellas cobraba sueldos o dietas extraordinarias.

Luego fue nombrada superintendenta nacional de Registros Públicos, pero en 2007 fue destituida del cargo por “negligencia funcional” debido a que no había presentado los informes contables del 2005. En ese entonces, ella arguyó que su despido fue dirigido por el gobierno aprista.