El Partido Nacionalista Peruano publicó este mediodía un comunicado donde rechaza haber recibido dinero ilegal de Odebrecht como parte de las aportaciones adquiridas durante la campaña presidencial de 2011.
La agrupación exigió rigurosidad en el recojo de información.
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De esta forma, la agrupación liderada por Ollanta Humala Tasso manifestó su disconformidad y malestar por el testimonio de Jorge Barata, el ex funcionario de Odebrecht que confesó que la empresa brasileña entregó 3 millones de dólares en donaciones a la campaña de Humala.
El ex directivo incluso señaló que él coordinó directamente la entrega de dinero con Nadine Heredia, esposa de Ollanta Humala.
“Según la versión del aspirante a colaborador eficaz, se ha tratado de un aporte para la campaña política del 2011, realizada a petición del Partido de los Trabajadores del Brasil, y no contra un proyecto u obra alguna, por lo que no existe una imputación vinculada a actos de corrupción. Estas y el resto de sus declaraciones deben ser probadas”, menciona el comunicado.
De esta forma el Partido Nacionalista no niega la aportación de la empresa brasileña a sus arcas con miras a las elecciones 2011; sin embargo, aclaran que todas las donaciones recibidas se efectuaron en el marco de la legalidad.
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“Los aportes y gastos efectuados por el Partido Nacionalista Peruano, durante el proceso electoral del año 2011, fueron sometidos a una auditoría por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), sin que se haya impuesto sanción administrativa alguna, pues en lo fundamental, cumplimos con lo establecido en la Ley de Partidos Políticos, y otras disposiciones de carácter electoral”, explican.
En otro momento, la agrupación cuestiona la veracidad de los dicho por Jorge Barata ya que esta tiene “un obvio interés”. “(…) exigimos rigurosidad en la medida que el aspirante a colaborador eficaz, debe aportar información suficiente para acreditar su dicho, y no limitarse a meras declaraciones”, puntualizan.
Por último, señalan su disposición a colaborar con el Ministerio Público y el Poder Judicial en la investigación de los hechos.
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