La Oroya: Congreso aprobó norma que amplía el plazo de liquidación de Doe Run

Por 108 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, el Pleno del Congreso de la República aprobó esta tarde el proyecto de ley que autoriza una prórroga extraordinaria de un año, más otro año adicional previa autorización del Indecopi, a los procesos concursales que se encuentren en etapa de disolución en marcha.

Esta norma permitirá solucionar la situación en que se encuentra el complejo metalúrgico de La Oroya y otras empresas en proceso de liquidación.

La presidenta de la Comisión de Economía, Mercedes Aráoz, resaltó que la norma es una ley general y no con nombre propio, y consta de un artículo único que modificará el numeral 74.2 del artículo 74 (Acuerdo de disolución y liquidación) de la Ley 27809, Ley General del Sistema Concursal.

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“La Junta de Acreedores puede acordar una prórroga extraordinaria por el plazo de un año, adicional a la prevista en el párrafo 74.2 del artículo 74 de la Ley 27809, Ley General del Sistema Concursal, a los procesos concursales que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentren en etapa de disolución y liquidación en marcha, incluso si el plazo de la prórroga ordinaria hubiese vencido”, señala el artículo único.

“Por única vez el Poder Ejecutivo, a pedido de la Junta de Acreedores, y previo el informe del Indecopi, puede ampliar dicha prórroga por el plazo de un año adicional mediante decreto supremo autoritativo debidamente fundamentado”, añadió.

La aprobación del citado proyecto de ley se dio luego de un cuarto intermedio solicitado por Mercedes Aráoz, con la finalidad de elaborar el texto sustitutorio que recogió las sugerencias planteadas durante las tres horas de debate. Se presentaron dos iniciativas, una enviada por el Ejecutivo (planteaba cuatro años de prórroga) y el de Fuerza Popular, que proponía un año y que se podía extender por otro año mediante un decreto supremo.

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En declaraciones a la prensa, Aráoz refirió que el gobierno saliente de Ollanta Humala no quiso ver el tema y les dejo “una papa caliente” con este caso. No obstante, señaló que, ahora, una vez publicada la ley en las normas legales, la Junta de Acreedores deberá salir al mercado en busca de inversionistas.

Marco Arana, vocero del Frente Amplio, se opuso a esta medida. “No deben haber nuevas prorrogas, el problema no son las prórrogas, el problema está en un Estado débil que se ha puesto del lado de los inversionistas y no del pueblo”, anotó.

“Estaremos vigilantes y seremos fiscalizadores para que este Congreso pueda solucionar el problema del complejo metalúrgico de La Oroya, pensando en los ganadores y agricultores del Valle del Mantaro”, añadió Arana.

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Por su parte, Yonhy Lescano (Acción Popular) propuso que se incluyera en el proyecto un artículo para que la prórroga adicional de un año que pueda autorizar el Ejecutivo sea evaluado por el Parlamento, a fin de evitar la presencia de lobbies o presuntos actos de corrupción. Sin embargo, esta propuesta no prosperó.

Por su parte, Úrsula Letona (Fuerza Popular) señaló que esta iniciativa permitirá solucionar el problema del complejo metalúrgico de La Oroya.
“Esta propuesta sí protege a los trabajadores, sí busca proteger los estándares ambientales, hace énfasis en el último párrafo en el respeto en las normas ambientales y laborales, según corresponda”, puntualizó.

“Hoy le estamos dando al Ejecutivo la capacidad de mostrarnos que tiene la voluntad política de conducir la situación de La Oroya, que demuestre que este decreto supremo no va a generar corrupción ni más tramitología; este decreto supremo va a demostrar que somos capaces de generar consensos en beneficio de quienes más lo necesitan”, subrayó.

En esa línea, ratificó la voluntad de su bancada de discutir técnicamente los proyectos de ley y plantear soluciones que no son improvisadas.
“Esta norma va a permitir ansiadas soluciones y en Fuerza Popular estaremos vigilantes”, remarcó.