Ricardo Monzón, rmonzon@peru21.com
Han transcurrido casi dos meses desde la aprobación de la nueva Ley Universitaria en la Comisión de Educación del Congreso y el tema sigue generando discrepancias entre los sectores involucrados.
La Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (FIPES), ha mostrado su preocupación por lo que consideran una norma que “viola la autonomía política, administrativa y académica; y burocratiza la innovación del conocimiento”.
La principal alerta que advierte la FIPES, a través de su presidente, el ingeniero José Dextre, es la posible vejación de la libertad de pensamiento con la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Suneu), adscrita al Ministerio de Educación, que, según el proyecto, supervisará y fiscalizará a las universidades.
Mencionó el modelo ecuatoriano para advertir que las personas que generalmente opinan sobre temas técnicos del gobierno son profesionales que se desempeñan como autoridades universitarias, y que, de no dar opiniones acordes a lo que quisiera el gobierno de turno, podría existir un veto.
“¿Qué pasaría si eso que opinan los académicos no satisface al gobierno de turno? En Ecuador, el sistema de calidad chantajea a la universidad pública dándole recursos solo a las universidades que están alineadas con (Rafael) Correa… La universidad es la libertad de pensamiento y la libertad de enseñanza, por eso es que FIPES plantea que la Superintendencia no debe estar adscrita al Ministerio de Educación”, declaró a Perú21.
Dextre comentó que este dictamen fue impulsado por “un congresista (Daniel Mora) que quiere pasar a la historia”.
“Me preocupa mucho cómo se ha aprobado la ley en la Comisión de Educación. ¿Eso es diálogo?… Esta ley desalienta la inversión”, puntualizó.
Dextre también justificó el hecho de que seamos uno de los países con mayor cantidad de universidades en la región. “Lo que hace que las universidades mejoren es la competencia, eso hace que mejoren”, indicó.
EXIGEN MAYOR DEBATE
Las críticas al proyecto también vinieron de parte de la Confiep, que expresó su preocupación mediante un comunicado de prensa.
“La nueva norma no toma en cuenta ninguna opinión de los propios involucrados, desnaturaliza la autonomía universitaria y más bien la somete a una entidad bajo el control político de turno”, indicó.
Los estudiantes, a través de la Federación de Estudiantes del Perú (FEP) y el Comité Nacional de Lucha Estudiantil, también protestaron. Realizaron una marcha el 6 de enero para exigir que se prolongue el debate y que sea inclusivo.
El proyecto, aprobado el 9 de diciembre del año pasado, deberá ser sometido a debate en el Pleno del Congreso a partir del mes de marzo.
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