La ministra de Justicia Marisol Pérez Tello recalcó este martes —durante la sesión 118 del Foro del Acuerdo Nacional— que las medidas anticorrupción planteadas por el Gobierno tienen el objetivo de recuperar la confianza de la ciudadanía que en más de una ocasión ha sido testigo de la impunidad que se vive en el país.
La ministra Pérez Tello también reconoció que no existen sanciones efectivas ante situaciones de conflicto de intereses al interior del Estado, ni tampoco se le podía poner un alto a los corruptos, pues fácilmente podían reinsertarse en el Estado sin ser impedidos legalmente.
“Había un espacio de desorden en el Estado, que permitía o generaba espacios de corrupción, así también una ausencia de una autoridad especializada de integridad, transparencia y protección de datos que pudiera detectar esto a tiempo”
Ante ese panorama, la ministra explicó que se decidió ejecutar estrategias contra la corrupción como establecer tipos penales claros, sanciones a estos delitos y resocializar a los condenados, mediante una adecuada administración de las cárceles, a fin de evitar que estas sean “centros de entrenamiento del delito”.
Pero, sobre todo, se optó por fortalecer la Procuraduría Anticorrupción y el Sistema de Defensa Jurídica del Estado, instancias que deben proteger a los ciudadanos.
“Existía desconfianza en los mecanismos de persecución, investigación, procesamiento y sanción a todo nivel, una falta de unidad de los sistemas de administración de justicia, una baja tasa de denuncias y un deficiente marco regulatorio de protección del denunciante”, agregó.
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