El presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, es investigado por el Ministerio Público por un presunto desvío de fondos en su jurisdicción –detectado por la Contraloría– para ser empleado en las marchas contra el proyecto minero Conga, por los actos de violencia que se suscitaron en los mismos y por las millonarias licitaciones de obras otorgadas al empresario Wilson Vallejos.

Así lo confirmó el fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, quien dijo que, de acuerdo a las indagaciones, los interrogatorios y las pruebas con las que cuenten sobre el presunto negociado de la autoridad regional –denunciado por Perú21 –, podrían formular una acusación.

“El plazo que tiene la Fiscalía para hacer una investigación preliminar también resulta muy corto dada la envergadura y la naturaleza de esta investigación. Son 20 días, pero podemos ampliarlos dada la magnitud de la indagación”, señaló el magistrado en el programa Agenda Política.

Incluso, indicó que una fiscal suprema viajaría hasta Panamá para ver si existe el mencionado dinero clandestino, tal como lo menciona Vallejos en los ‘goyoaudios’.

“(El Ministerio Público) es el órgano central de investigación a nivel internacional para detectar cuentas de personas que están involucradas en problemas legales”, afirmó.

PIDE CAMBIOS A NORMA
Peláez Bardales indicó que el Congreso debería hacer ajustes a la figura de apología al terrorismo en vez de poner en vigencia la denominada ley del negacionismo, que busca penalizar las conductas que justifiquen o nieguen los delitos y la violencia de Sendero Luminoso.

“Si perfeccionamos el tipo penal de la apología, podríamos tener una figura que no tenga tanto cuestionamiento y no esté lindando prácticamente entre lo objetivo y lo subjetivo, que vendría a ser la otra figura que se pretende imponer”, explicó.