Entra en debate el proyecto de ley de muerte civil para condenados por terrorismo

La bancada de Fuerza Popular presentó ante el Congreso de la República dos proyectos de ley contra condenados por delitos de terrorismo y apología. El primero busca aplicar la llamada muerte civil o inhabilitación perpetua para ingresar al sector público.

Con ese fin, la propuesta, presentada el 7 de noviembre, modifica los artículos 36 y 38 del Código Penal.

El segundo proyecto de la bancada naranja, ingresado cuatro días después, prohíbe, de manera permanente, que las personas con tales sentencias puedan postular a cargos de elección popular.

Para este caso, propone cambiar el artículo 10 de la Ley Orgánica de Elecciones, así como las normas de Elecciones Regionales y Municipales.

“ELLOS NO CAMBIAN”

Sobre el primer proyecto, su autor, Héctor Becerril, remarcó que los terroristas no cambian su forma de pensar y, por ello, se debe impedir que trabajen en las instituciones estatales.

“Los terroristas han querido destruir el Estado de derecho, la democracia y el país. Si ellos tienen la oportunidad, van a querer hacerlo nuevamente, ya no por las armas desde fuera, sino desde dentro del sistema público. No debemos pensar que ellos han cambiado”, advirtió a Perú21.

El parlamentario fujimorista dijo que espera que la próxima semana el proyecto sobre muerte civil pueda ser debatido por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, y estimó que el dictamen podría ser aprobado por el Pleno del Congreso antes del fin de esta legislatura, el 15 de diciembre.

“TERRORISMO DE ESTADO”

Hace unos días, los congresistas del Frente Amplio Indira Huilca y Marco Arana se mostraron a favor de una sanción de esa naturaleza, aunque consideraron que la inhabilitación perpetua debe alcanzar al “terrorismo de Estado”.

“Estoy de acuerdo con la muerte civil para sentenciados por terrorismo, aunque me gustaría saber si esta ley contempla a quienes han perpetrado terrorismo de Estado. ¿Se incluyen a estas personas y violadores de derechos humanos? Ojalá que sí, porque la gente del grupo Colina, que cometió crímenes, también podría continuar su vida como si nada”, expresó Huilca consultada por Perú21.

Alberto Quintanilla, legislador del Frente Amplio, también coincidió en que la medida debe aplicarse a todo tipo de terrorismo, ya que, aseguró, no se puede hacer una distinción en este delito.

Becerril arremetió contra el bloque de izquierda y consideró que “es tolerante con el terrorismo”.

“Marco Arana ha salido a decir que igual querían muerte civil para los que han cometido terrorismo de Estado, cuando esa figura solo existe en su mente”, fustigó.

“EFECTOS POLÍTICOS”

El congresista de Acción Popular (AP) Yohny Lescano señaló a este diario que comparte la idea de sancionar toda manifestación subversiva.

Sin embargo, el parlamentario recalcó que la muerte civil tendría “más efectos políticos que prácticos”, ya que en la actualidad “el terrorismo ha bajado la guardia”.

Su colega aprista Javier Velásquez Quesquén también apoyó el proyecto del fujimorismo y mencionó como antecedente la Ley de Reforma Magisterial, emitida en noviembre del año 2012.

La norma dispone que, para participar en el concurso público por una plaza docente, se requiere no haber sido condenado por delito de terrorismo, ni apología.

TENGA EN CUENTA:

• En su proyecto, Becerril menciona como antecedente la Ley de la Carrera Judicial, del 7 de noviembre de 2008, que dispone que, para acceder y permanecer en la judicatura, no se debe tener condena por un delito doloso.

• La inhabilitación perpetua ya se aplica para determinados casos de corrupción, como aquellos cometidos por una organización criminal y contra programas sociales del Estado.