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Ley de Geolocalización: José Luis Pérez Guadalupe y Gustavo Adrianzén la defienden

Ministros resaltaron que se están creando candados y que abusos recibirán sanciones.

José Luis Pérez Guadalupe y Gustavo Adrianzén defienden la Ley de Geolocalización. (USI)
José Luis Pérez Guadalupe y Gustavo Adrianzén defienden la Ley de Geolocalización. (USI)

El ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, salió en defensa de la polémica Ley de Geolocalización, la que permitirá a la Policía Nacional obtener la identidad del propietario del equipo de comunicación y sus coordenadas en la lucha contra la extorsión, el sicariato y el secuestro.

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“Es una ley excelente (el Decreto Legislativo Nº 1182) que permitirá a la Policía ubicar, dentro de las 24 horas, en flagrancia, a los extorsionadores. El tema es si se va a aplicar bien y es claro que nadie quiere volver a la época de Montesinos. Nos hemos asegurado de poner los candados necesarios para evitar excesos o la violación de la privacidad”, señaló.

Pérez Guadalupe sostuvo que ya han conversado con las cuatro operadoras de telefonía en el país. “Y están de acuerdo. La norma no es inconstitucional, es legal y se puede aplicar”, subrayó.

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El titular del Interior resaltó que cualquiera no puede ser geolocalizado. “No es para todos. Es solamente para quienes estén inmersos en una denuncia policial y sigan su proceso”, señaló.

A su turno, el ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, indicó que, en caso de cometerse algún tipo de abuso con el uso de la geolocalización, los responsables policiales recibirán las respectivas sanciones administrativas, civiles o penales.

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Adrianzén precisó que esta medida era necesaria, pues en la actualidad “los delincuentes tienen bloqueadores, sistemas de escucha y pueden bloquear una alarma. Frente a esas posibilidades tecnológicas, nuestro país y sus instituciones tutelares deben utilizar también la tecnología”.

La aplicación de la norma estará a cargo de una unidad especial de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), la que enviará la solicitud simultáneamente a la Fiscalía y las operadoras.


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