Una de las voces más autorizadas para hablar de corrupción es Jorge Medina. El presidente de Proética opina sobre las recomendaciones de OCDE.
¿La Autoridad Nacional de Transparencia no tendrá la suficiente autonomía?
—Que el Gobierno haya creado una autoridad para velar por el acceso a la información pública es bien importante. Probablemente no fue exactamente lo que sugirieron los miembros de la Comisión Presidencial de Integridad ni OCDE. Eso hubiese sido lo ideal, pero ya tenemos esto. Esperemos que esté bien empoderada.
OCDE propone ampliar las declaraciones juradas. ¿Qué tan importante es ello?
—La primera recomendación que dimos en la Comisión Presidencial fue que todas las altas autoridades del Estado presenten una declaración de intereses para que señalen las relaciones que tuvieron en los últimos 5 años antes de asumir la función pública. Eso lo cumplieron el presidente y sus ministros, pero lo tiene que hacer el Congreso, Poder Judicial, Ministerio Público, gobernadores, alcaldes, Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de la Magistratura…
¿Cuáles son los mayores riesgos de la ley del lobby? ¿Falta una campaña de información?
—El tema de la gestión de intereses es importante para la democracia. Cuando uno lo hace de manera transparente incluso se ayuda a la autoridad a tomar buenas decisiones. El lobby es bueno para el país, para los mercados, para la sociedad. ¿Dónde está el problema? En el Perú, tradicionalmente, no ha habido transparencia. En cada entidad debe haber un registro especial para la gestión de intereses.
¿En el tema de protección de denunciantes es donde más hemos avanzado? El Ejecutivo publicó un reglamento en abril de este año.
—No sé si es en el que más se ha avanzado, pero sí te puedo decir que los mecanismos de denuncia y de protección al denunciante son fundamentales para combatir frontalmente la corrupción. Hay que incentivar esas figuras. Si somos capaces de que eso funcione bien, muchas cosas saldrían a la luz. Es más, en la Comisión Presidencial de Integridad recomendamos que eso se lleve al sector privado y que haya una recompensa.
OCDE pide reducir el número de jueces y fiscales provisionales. ¿Coincide con eso?
—Absolutamente. Lo que pasa es que mientras al corrupción va a un paso acelerado, la anticorrupción camina. En tres años se deben reducir drásticamente los jueces y fiscales provisionales.
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