Humberto Lay: “Gobiernos fallaron con informe CVR”

PATRICIA QUISPE V.
pquispe@peru21.com

Iniciando su segundo período como presidente de la Comisión de Ética, Humberto Lay afirma que el descrédito del Congreso es una “justa protesta” del electorado ante los escandalosos casos de inconducta de sus representantes.

Según la última encuesta de Datum, que Perú21 publica hoy, apenas un 21% de la población aprueba la gestión del Congreso.
Es un estado de ánimo de la población con relación a los escándalos que ha habido en el Congreso, y una justa protesta de quienes ven que sus representantes no están a la altura de lo que ellos esperan. Sin embargo, a veces se generaliza y se nos pone a todos en el mismo saco, cuando son solo unos cuantos los que han mostrado estas faltas éticas y hasta delitos.

Las más de 200 denuncias recibidas por la Comisión de Ética en dos años reflejan lo mal que está nuestro sistema político y representación parlamentaria.
Efectivamente. Sin embargo, de las 210 denuncias que han llegado a la comisión, la gran mayoría han sido infundadas o improcedentes porque responden a enemistades personales o políticas o a acusaciones por supuestos delitos cometidos años atrás.

Usted ha sido reelecto como titular de la Comisión de Ética. ¿Cuál es su balance de los primeros dos años?
No es una labor grata, es complicada, uno se gana enemigos. Sin embargo, es algo necesario. Mi satisfacción es que se ha planteado precedentes de que en el Congreso no existe eso de “otorongo no come otorongo”. Aquí sí se sanciona, y ahora cualquiera que piense ser candidato sabe que si falsea su hoja de vida será sancionado. La sanción es un freno para que futuros candidatos cometan la misma falta.

¿Debería consignarse los antecedentes judiciales en la hoja de vida?
Yo he presentado un proyecto al respecto. Actualmente solo se debe incluir esta información cuando existe una sentencia firme, pero no cuando hay proceso judicial abierto. Si el caso ya pasó por el Ministerio Público y pasó al juez es porque hay indicio razonable de delito y, por lo tanto, debe consignarse en la hoja de vida. Eso no impide que la persona postule porque está el principio de presunción de inocencia, pero el electorado tiene derecho a saber que es posible que ese candidato haya realmente cometido un delito.

¿Está de acuerdo con la propuesta para que en el caso de falta ética o delito de un parlamentario, el partido que lo postuló también sea sancionado perdiendo la curul?
Hay que estudiar esa situación. Si se descubre que el congresista ya estaba en una situación determinada por delito de terrorismo u otros que cometía desde antes, y el partido no lo filtró, podría ser una buena medida que la agrupación pierda la curul. Pero si son faltas cometidas ya siendo congresistas y no hay antecedentes, el partido no tiene ninguna responsabilidad.

En este nuevo tramo, la bancada PPC–APP se abstendría de participar en Ética porque discrepa con el aumento del número de sus miembros.
Así es. Yo también discrepaba, pero la mayoría lo aprobó, y como estamos en un régimen democrático hay que aceptarlo. En la sesión de instalación he apelado al sentido ético de los miembros de la comisión para que no se convierta en una comisión política porque eso podría ser lamentable.

¿Y no podría ser una maniobra para hacer inmanejable la comisión? Ahora será más difícil tener quórum.
Espero que no.

¿No le preocupa el blindaje del oficialismo?
Somos 14 integrantes sin PPC–APP. Hay libertad de cada bancada de acreditar o no a su representante, no podemos hacer nada al respecto y siempre está la posibilidad del voto dirimente del presidente. Eso no imposibilita las sesiones ni los acuerdos. El oficialismo no tiene mayoría.

Con sus “socios” de bancadas afines sí la tiene.
Bueno, esperemos que no ocurra eso.

Usted integró la Comisión de la Verdad (CVR). A 10 años del informe no se ha logrado la reconciliación y, por el contrario, hay una polarización. ¿En qué se falló?
La CVR tenía una tarea: analizar y estudiar las causas y maneras en que se realizaron las violaciones a los derechos humanos y formular las recomendaciones necesarias.La CVR por sí sola no podía reconciliar a la nación, solo hacer recomendaciones, y eso incluía hacer reparaciones civiles, simbólicas, individuales y colectivas, y concretar mayor participación o presencia del Estado justamente en zonas donde habían florecido la violencia y Sendero Luminoso, zonas marginales por completo donde no haya presencia del Estado.

¿Qué nos faltó hacer?
Faltó que los gobiernos implementen las recomendaciones del informe; ese es el problema. Recién a la luz de la violencia en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) se tiende a llevar la presencia del Estado a esos lugares. Las reparaciones se han cumplido en una mínima parte, pero lo demás no se ha hecho. Entonces, ¿qué reconciliación se puede esperar? Pero eso no es culpa de la comisión.

¿Los gobiernos fallaron en esta tarea?
Exacto. Y no hablo solo del actual gobierno sino de los anteriores también. No se ha querido implementar esas recomendaciones como debió ser.

FRASES

- “Evidentemente, el tema de la repartija (en el caso de las plazas para Defensor, TC y BCR) le hizo bastante daño al Congreso”.

- “Fue un error muy grande de la comisión o de los líderes de las bancadas imponer criterios que no eran lo mejor para el país. Estuvo mal, presentaron candidatos cuestionables”.