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"Fiscalía debe pedir prisión preventiva para Susana Villarán por caso Odebrecht", señala Becerril

Legislador fujimorista indicó que durante la gestión de la ex alcaldesa de Lima la empresa brasileña ganó millonarios contratos con el Estado.

Héctor Becerril se pronuncia sobre el caso Odebrecht. (Renzo Salazar)
Héctor Becerril se pronuncia sobre el caso Odebrecht. (Renzo Salazar)

El congresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril, demandó este domingo al Ministerio Público a pedir la prisión preventiva para la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, por estar implicada en la entrega de concesión de obras públicas a Odebrecht durante su gestión.

En diálogo con Perú21, el legislador señaló que la compañía brasileña, a través del proyecto Rutas de Lima, ganó licitaciones con la Municipalidad de Lima en el periodo en el que Susana Villarán era la burgomaestre (2011-2014).

Así lo expresó a este diario:

“Es lamentable que el fiscal a cargo de este caso no actúe con la celeridad necesaria, ya se debería haber pedido la prisión preventiva para muchos funcionarios, entre ellos la ex alcadesa Villarán debe estar incluida”.

Rutas de Lima comprende el mejoramiento de las vías Panamericana Norte, Panamericana Sur y Ramiro Prialé.

En el primer caso, Odebrecht realizaba el cobro de peaje en Puente Piedra, distrito en el que se generaron violentas protestas ante el incremento de la tarifa.

De acuerdo al informe del ex congresista Juan Pari, aprobado en minoría en la comisión Lava Jato del periodo 2011-2016, el monto de inversión por este plan vial ascendía a US$499 millones y fue adjudicado al consorcio Rutas de Lima SAC (integrado por Odebrecht Latinvest Perú SAC y Odebrecht).

Becerril manifestó:

“En Puente Piedra hemos visto que la indignación por la corrupción es tan grande ha sobrepasado al temor; y cuando lo de los sobornos de las empresas brasileñas traiga más revelaciones los ciudadanos saldrán a las calles a nivel nacional y habrá un caos total”.

DATO

  • Odebrecht admitió ante la justicia de Estados Unidos que pagó coimas por US$29 millones a servidores peruanos a cambio de ganar licitaciones con el Estado, entre los años 2005 y 2014.


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