Gustavo Adrianzén: La censura a Julia Príncipe alcanza a otros procuradores

Al parecer, el gobierno no quiere más problemas con funcionarios que están bajo su jurisdicción y que ventilan ante la prensa casos de corrupción ligados a personajes de su entorno. Por ello, no solo la procuradora de Lavado de Activos, Julia Príncipe, fue requerida –a través del oficio 2305-2015-JUS el 10 de junio último– para que dé explicaciones sobre sus declaraciones en torno al caso Nadine Heredia y observe en el futuro un engorroso trámite de permisos previos, sino también otros abogados.

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En efecto, la directiva mordaza se ha extendido también a los procuradores anticorrupción Joel Segura y Engie Herrera (coordinador de la Procuraduría Regional del Callao), quienes han sido prohibidos de declarar sobre temas sensibles, según pudo conocer Perú21.

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El pasado 13 de junio, Susana Villavicencio, secretaria técnica del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, envió un oficio múltiple a Segura y a Herrera en el que les recuerda “que cualquier trámite que deban seguir para poder efectuar declaraciones ante los medios de comunicación debe contar con autorización expresa del titular de la entidad de la cual dependen administrativamente”, señala el documento al que Perú21 tuvo acceso.

Cabe recordar que el presidente del citado consejo es el ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén.

Por si fuera poco, la directiva precisa que “la comunicación cursada a la Secretaría Técnica para solicitar la mencionada autorización deberá indicar por qué es conveniente para la defensa jurídica del Estado que rindan dicha información ante los medios de comunicación y la fecha en que se llevaría la misma, con la finalidad de tramitar el pedido con la celeridad que el caso concreto amerite”.

Como ya se mencionó en el caso Príncipe, las infracciones a esta directiva constituyen una inconducta funcional sancionable.

Este diario tuvo conocimiento de que uno de los procuradores mencionados, Engie Herrera, recibió recientemente una llamada de dicha secretaría para conminarle a que no declare sobre los temas de corrupción en la región Callao que involucran al gobernador Félix Moreno, entre otros temas.

MINJUS SE CONTRADICE
Perú21 tuvo acceso al oficio 3688-2014-JUS, del 18 de noviembre del año pasado, que deja sin piso al ministro Adrianzén. En este documento, Arturo Martínez, secretario técnico del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, responde al requerimiento del ex ministro aprista Aurelio Pastor, quien pide explicaciones respecto de las declaraciones vertidas por el procurador anticorrupción Christian Salas sobre su caso.

[Revisa el documento completo AQUÍ]

En el texto, la Secretaría Técnica reconoce la autonomía de los procuradores para que puedan hablar libremente con los medios de comunicación y enfatiza que “es importante destacar que la Constitución, así como los principales tratados internacionales en materia de DD.HH. suscritos por el Estado Peruano, reconoce la libertad de expresión como un derecho”.

Precisa que solo cuando se trate de información de carácter confidencial el funcionario deberá recibir instrucciones para declarar.

En el caso de Salas, la Secretaría Técnica dejó sentado que no requería autorización para declarar sobre la investigación por corrupción a Pastor, en vista de que la información era de conocimiento público y no tenía carácter confidencial.

DATOS

• Joel Segura reconoció haber recibido el documento de la Secretaría Técnica. Sin embargo, descartó que en su caso haya una mordaza. “Queramos o no, esas son las normas que están establecidas, pero yo no he tenido problemas porque he optado por una metodología que me permite cierta libertad”, dijo.

• Perú21 buscó la versión del ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, respecto al oficio del Ministerio de Justicia que reconoce el derecho constitucional a los procuradores a declarar y por la prohibición extendida a otros procuradores públicos, pero no obtuvimos respuesta.

Por: Fabiola Valle – Carlos Neyra.

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