Fabiana Sanchez
@Fabianasd
Cambio de jugadores. El consorcio Gasoducto Sur del Perú (GSP), conformado por la brasileña Odebrecht (55%), la española Enagás (25%) y la peruana Graña y Montero (20%) se quedó sin el Gasoducto del Sur, proyecto cuya concesión había obtenido en 2014.
Esta información la confirmó el titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Gonzalo Tamayo, luego de que venciera el plazo para que el consorcio presentara el financiamiento por US$4,125 millones sin poder lograrlo.
Hoy, el MEM enviaría la comunicación oficial a Gasoducto Sur del Perú, y con ello se iniciará una nueva historia en uno de los proyectos más emblemáticos del gobierno de Ollanta Humala, cuya inversión se proyectaba en US$7,300 millones.
El siguiente paso en este proceso es que se ejecute la carta fianza (Garantía de Fiel Cumplimiento) por US$262 millones.
El contrato establece que en caso de producirse la rescisión, en un año se tiene que realizar una subasta, lo cual fue confirmado por el ministro Tamayo.
¿Qué pasará con la inversión realizada hasta el momento? La obra tiene un avance de aproximadamente 35%, por lo que ahora se tiene que valorizar lo que se ha hecho.
“Vamos a entrar a una identificación de qué es lo que hay, la valorización, y se va a convocar a una nueva licitación, y producto de la licitación se van a generar recursos para pagar a aquellos trabajadores que tengan contingencias laborales y posteriormente (pagar) aquellos bienes de la concesión”, fue la respuesta del ministro sobre este tema.
Recordó que esta situación está prevista en los casos en que se debe cambiar de inversionista y “con el dinero que ofrece se generan recursos para pagar lo que está pendiente”.
De acuerdo con el contrato entre el Estado y el consorcio, el Estado tiene que devolverle un mínimo del 72.25% del valor contable del avance del proyecto, menos los gastos incurridos para el nuevo concurso que se realizará.
Al respecto, el abogado penalista Carlos Caro explicó a Perú21 que el Estado sí debe cumplir con el pago de la inversión que ha realizado el consorcio hasta el momento en la obra.
“Hay un error cuando se habla de la cláusula anticorrupción. Sí hay un pago por lo que ha invertido el consorcio hasta el momento, lo que no se hace es una indemnización”, manifestó.
NO MÁS PAGOS EN RECIBOS
Uno de los cuestionamientos que ha recibido este proyecto es el pago que tienen que hacer los usuarios por la obra a través de su recibo de luz.
Según cifras del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), solo entre mayo de 2015 y octubre de 2016, todos los peruanos pagaron US$108 millones por este concepto.
A inicios de año, el ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, adelantó que este pago iba a ser eliminado, lo cual fue reiterado ayer por Tamayo. “Lo que vamos a sacar son normas que eliminen ese cobro, de tal forma que los usuarios tengan más dinero en sus bolsillos para destinarlo a otras actividades”, explicó el titular del MEM.
No obstante, fuentes de este diario indicaron que el gobierno está revisando ahora de qué manera se solventará la obra, pues en la nueva licitación tampoco se incluirá el pago a través del recibo. Trascendió que habría un subsidio del Estado.
Otro punto que tampoco se ha determinado es la manera en que se devolverá el dinero que los peruanos ya han pagado. Lo que sí ha indicado el ministro Tamayo es que ya están evaluando la forma en que realizarán este proceso.
“Vamos a requerir asesoría internacional especializada para cada uno de los ítems”, señaló Tamayo.
SU PARTIDA
Pese a que ya no operará en el Gasoducto del Sur, la empresa Odebrecht aún tiene participación dentro de proyectos en el Perú, lo que, para el vocero alterno de Peruanos por el Kambio, Juan Sheput, “es indecoroso”.
“Deberían tomarse cartas en el asunto más firmes porque no se ha hecho mucho al respecto. No creo que deban tener ningún tipo de contrato con el Perú, al contrario, estos deben ser resueltos”, afirmó a este diario.
Respecto a lo que pueda suceder con los trabajadores del consorcio Gasoducto Sur Peruano, el parlamentario indicó que eso es algo que debe determinar el Ejecutivo; sin embargo, recordó que cuando suceden este tipo de situaciones, a los primeros a los que se les paga son los trabajadores.
“Lo que no se puede descuidar es el saber por qué se hizo un contrato tan lesivo para el país, y eso le corresponde a la Fiscalía con colaboración del Ministerio de Energía y Minas”, afirmó.
Para el legislador, se tienen que revisar los términos legales respetando las cláusulas establecidas en el contrato.
TENGA EN CUENTA
- Odebrecht, a través de un comunicado, “confirmó la decisión del Gobierno de realizar el finiquito del contrato”, e indicó que seguirá dirigiendo sus esfuerzos, junto con las autoridades, para que el proceso se realice de manera adecuada, respetando el contrato.
- El Ejecutivo creará un comité especial dentro de Proinversión que se encargará de realizar la nueva adjudicación del proyecto.
- En junio del presente año se espera que se pueda distribuir el gas natural a través de camiones en Arequipa, Tacna, Moquegua e Ilo. Mientras que en dos años se haría a través de una red de ductos en Cusco, Puno, Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Junín y Ucayali.
- El ministro Tamayo informó que hay postores interesados en participar en la nueva concesión, los cuales ya se han acercado a sus oficinas, aunque prefirió no adelantar de quiénes se trataría.
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