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Fuad Khoury dice que en 13 proyectos se causó perjuicio de S/965 millones

Contralor reveló que en su gestión detectó responsabilidad en 25,000 funcionarios por corrupción.

Chau. Khoury dejará su cargo el 13. El vicecontralor lo reemplazará hasta que se designe al sucesor. (Renzo Salazar)
Chau. Khoury dejará su cargo el 13. El vicecontralor lo reemplazará hasta que se designe al sucesor. (Renzo Salazar)

El contralor general de la República, Fuad Khoury, informó ayer que en los últimos siete años (2009-2016) empresas constructoras de Brasil han ejecutado un total de 42 proyectos en nuestro país, habiéndose establecido –dijo– que, por lo menos, en 13 de ellos ha habido “algún perjuicio económico para el Estado”, que supera los S/965 millones.

En su informe de gestión ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, el funcionario añadió que se han detectado también irregularidades en contratos como el de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, donde el Estado –explicó– se comprometió a asumir los costos por fallas geológicas no determinadas, lo que ocasionaría un gasto adicional superior a los US$270 millones.

A pocos días de concluir su gestión, Khoury informó también que la Contraloría realizará una acción de control posterior a la construcción del by-pass de la Av. 28 de Julio para establecer la relación costo-beneficio de la obra ejecutada por la Municipalidad de Lima Metropolitana.

En otros pasajes de su intervención, Khoury señaló que en sus siete años de gestión, la institución detectó responsabilidad penal en 12,000 funcionarios y responsabilidad civil en 13,000, relacionados con casos de corrupción.

“Hay como 25,000 funcionarios que están o en el Ministerio Público o en el Poder Judicial. El Poder Judicial ha sentenciado a 600, pero en cárcel hay 40. Esa es la estadística de siete años”, subrayó.

Explicó que la evaluación y sentencia de un solo caso de corrupción toma ocho años.

TENGA EN CUENTA

  • Khoury reveló también que, en el periodo 2012-2014, el gobierno adquirió un sistema de interceptación legal de comunicaciones (“Proyecto Pisco”) que a la fecha no se encuentra operativo.
  • Dijo que ello ha ocasionado un perjuicio de S/61.5 millones. Añadió que altos funcionarios de la DINI han sido denunciados.

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