Financiamiento de partidos políticos: ¿Qué dice la ley y qué se quiere modificar?

El martes 15 de diciembre, El Comercio reveló que, en el 2014, el partido de César Acuña, Alianza para el Progreso (APP), recibió 127 aportes fantasmas. Según la noticia, varios donantes consignados en el informe de ingresos de ese año negaron haber realizado los aportes que el documento de la ONPE indicaba.

De acuerdo con el presidente de la Asociación Civil Transparencia, Gerardo Távara, la ley electoral no sanciona estos actos específicamente, lo que no implica que podría hacerlo la ley penal. Insertar en un documento público hechos falsos podría constituir un delito de falsedad ideológica. Esto, en todo caso, tendría que ser investigado por el Ministerio Público.

Esta no sería la primera vez que se evidencian irregularidades en el financiamiento del partido APP. En 2011, la ONPE lo sancionó con una multa de S/.2.2 millones por recibir un aporte privado que excedió el límite legal. Pero, no debería sorprendernos. En temas de financiamiento de partidos, las irregularidades abundan.

[César Acuña espera que personero legal y tesorero de APP expliquen aportes fantasmas]

No tener las cuentas claras del partido no es delito (salvo que el origen del dinero sea ilícito, en cuyo caso podría hablarse de lavado de activos). A lo más, infringir la ley de partidos políticos genera una sanción administrativa: o te ponen una multa, o pierdes el financiamiento público directo. En la práctica, no obstante, ninguna ha sido efectiva. Si el partido no pagaba la multa, no le pasaba nada y si perdía el financiamiento público directo, tampoco porque, hasta ahora, ni se entrega.

Esto es producto de varios problemas que ha tenido – y aún tiene – la Ley de Partidos Políticos. El Congreso, sin embargo, a través de varios dictámenes ha planteado modificarla. Algunas modificaciones fueron aprobadas este miércoles 16 de diciembre. Algunas otras están en manos del Poder Ejecutivo. ¿Qué dice actualmente la ley y qué se quiere modificar? Veamos. Para ello, es necesario distinguir entre financiamiento público y privado.

FINANCIAMIENTO PÚBLICO
Sobre el financiamiento público ya adelantamos que existe un financiamiento directo que, por ley, el Estado debería otorgar a los partidos. Para calcular el monto, se multiplica el 0.1% de la UIT del año de la elección congresal por el total de votos emitidos para elegir a los congresistas. Esto se distribuye a lo largo de cinco años. De las elecciones de 2011 el total fue aproximadamente S/. 60 millones. Es decir, S/. 12 millones al año debían ser repartidos entre todos los partidos o alianzas con representación en el Congreso.

¿Cuáles han sido las críticas a este punto? Que nunca se ha aplicado. Porque la ley desde que fue aprobada en 2003 condicionó este aporte a “las posibilidades de la economía nacional”. Es decir, solo si el MEF quería incluirlo en el presupuesto, lo que nunca sucedía. A partir de 2017, sin embargo, esto tendrá que aplicarse sí o sí. Entre las modificaciones aprobadas a la ley de partidos, se ha eliminado la frase que dejaba esta decisión al libre albedrío del MEF.

La otra crítica es que estos ingresos solo pueden invertirse en actividades de formación, capacitación, investigación y gastos ordinarios. Según el ex jefe de la ONPE, Fernando Tuesta, esto significa que no puede utilizarse para gastos de campañas electorales, lo que es una limitación, pues justamente ahí es donde más se gasta. De ahí que critique que la ley seguirá igual en este aspecto.

Para Gerardo Távara, la ley de partidos, que no especifica cómo distribuir este dinero, debería modificarse para darle prioridad a los gastos de formación y capacitación, de modo que solo un 50% sea destinado a gastos ordinarios. Távara añade que esto fortalecería a los partidos, pero critica que no está entre las propuestas del Congreso.

Sobre el financiamiento público indirecto, este se realiza a través de las franjas electorales. Es decir, durante un plazo de treinta a dos días antes de elecciones generales, los partidos pueden acceder gratuitamente a medios de comunicación privados y públicos para difundir sus propuestas políticas y electorales (el Estado lo paga).

Fernando Tuesta propone duplicar el tiempo de la franja para uso exclusivo de los partidos, y a su vez, prohibir la publicidad política contratada, como ocurre en Chile, México y Brasil. Debido a que los gastos en campaña se destinan principalmente a publicidad en medios, esto permitiría suplir las limitaciones del financiamiento público directo (que no puede destinarse a gastos de campaña). Esto tampoco ha sido planteado por el Congreso, por lo que la ley en este punto quedará igual.

FINANCIAMIENTO PRIVADO
Sobre el financiamiento privado, los partidos pueden financiarse a través de cuotas u aportes de sus afiliados, ingresos por actividades proselitistas, créditos, donaciones, herencias, entre otros.

Estos ingresos sin embargo, tienen dos límites: 1) ningún aporte que provenga de una persona natural o jurídica puede ser mayor a 60 UIT (S/.231 mil) y, 2) en el caso de actividades proselitistas, si los aportantes son anónimos no puede superar los 30 UIT (S/.115 mil). Respecto de ambas, el Congreso solo ha planteado modificar la primera limitación. Así, ha propuesto reemplazar el tope de 60 UIT por 200 UIT. Según Távara, esta propuesta, aprobada por el Pleno y enviada al Presidente Humala para que la promulgue, aún está en manos de este último.

Además de estas limitaciones, la Ley de Partidos prohíbe que los partidos reciban aportes de 1) entidades públicas, 2) confesiones religiosas (cualquiera sea su denominación), 3) partidos y agencias de gobiernos extranjeros (salvo estén destinados a un tema de formación, capacitación e investigación). Asimismo, se presume que los aportes no declarados son de fuente prohibida, es decir que son sancionados.

Otra de las propuestas del Congreso es la modificación del cuadro de infracciones y sanciones. En la actualidad, por ejemplo, si un partido recibe aportes privados que superan los límites legales se le sanciona con una multa entre diez y treinta veces el monto del aporte. Ahora se quiere plantear tasas fijas dependiendo de si se trata de una infracción leve, grave o muy grave. Esta propuesta, sin embargo, junto con la que limita el financiamiento privado, sigue pendiente de ser promulgada por el Ejecutivo.

(josefina.miroquesada@peru21.com)