Ex reclusos por terrorismo recolectan firmas para inscribirse ante el JNE

Senderistas que cumplieron condena por terrorismo recolectan firmas para inscribir ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el llamado Frente por la Unidad y Defensa del Pueblo Peruano (FUDEPP), que tiene entre sus filas a integrantes del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef).

El programa Sin Medias Tintas mostró imágenes de movilizaciones de dicho frente y de cuatro ex reclusos por terrorismo pidiendo adhesiones para el FUDEPP en el Agustino (a la altura del Puente Nuevo), Villa El Salvador y Collique.

Este es el caso de Isabel Mesa Quintana, quien fue detenida en 1993 y sentenciada a 20 años de prisión. Esta mujer salió en libertad en octubre de 2002, durante el gobierno de Alejandro Toledo. Otro condenado que recorre Lima con su planillón bajo el brazo es Sermín Trujillo Ramos, también ex secretario general de la base de Villa El Salvador del Movadef.

En las marchas por los conos también participó Manuel Fajardo, abogado del cabecilla senderista Abimael Guzmán y uno de los fundadores del Movadef.

“Es una agrupación que está conformada por el Movadef, que abraza la ideología del ‘pensamiento Gonzalo’”, afirmó el procurador antiterrorista, Milko Ruiz. “Desde que nació el 14 de enero ha venido trabajando recolectando firmas y en eso estamos”, expresó en una de las movilizaciones.

La estrategia que aplican ahora es distinta. El Fudepp no lanza arengas a favor de la liberación de Guzmán, ni de Sendero Luminoso, sino habla sobre las necesidades de la población.

Al respecto, el ex presidente de la Sala Penal Antiterrorista, Marco Ibazeta, advirtió que si el frente se inscribe será “un brazo operativo de Sendero Luminoso”, que “moverá gente” en el país. “Se están moviendo como quieren, esta organización debe estar prescrita”, añadió.

Para intentar inscribir en el JNE, Fudepp debe reunir 400 mil firmas válidas.

La semana pasada, el JNE reafirmó su posición de no permitir la inscripción de organizaciones políticas violentistas y criminales que atenten contra la democracia en que vive el país y vulneren lo establecido en la Ley de Partidos Políticos.

“La Ley de Partidos Políticos indica que las organizaciones políticas son instituciones fundamentales para la participación política de la ciudadanía, base del sistema democrático, y entre sus fines está el contribuir a preservar la paz, por lo que acciones violentistas son una incongruencia con el sistema legal”, indicó el presidente del JNE, Francisco Távara Córdova.