Organizaciones de derechos humanos rechazaron hoy la decisión del Ministerio Público de no denunciar penalmente al expresidente Alberto Fujimori y a sus exministros de Salud por el caso de las esterilizaciones forzadas.
“Esta resolución (del fiscal Marco Guzmán Baca) vulnera nuevamente el derecho a la verdad y al acceso a justicia y reparación de las víctimas”, afirmó la organización Demus, que ha seguido de cerca los casos.
La institución cuestiona que Guzmán Baca no considere que la política de esterilizaciones constituyó un delito de lesa humanidad y solo deje abierto el caso de la campesina María Mamérita Mestanza, quien falleció a causa de la intervención quirúrgica.
El fiscal responsabilizó de la muerte de Mestanza a cinco personas que la atendieron, incluidos médicos, pero dejó fuera del caso a otros señalados, incluidos el propio Fujimori y a sus ministros de Salud Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga y Eduardo Yong Motta.
El abogado Sigfredo Florián, del Instituto de Defensa Legal, dejó abierta la posibilidad de que se presente un recurso de queja ante la decisión de Guzmán Baca, a fin de que el expediente suba a una fiscalía superior.
“Esperamos que con mayor detenimiento se puedan revisar 140 tomos de la investigación y revertir esta situación”, remarcó.
Fujimori fue condenado en el 2009 a 25 años de cárcel por violación a los derechos humanos y corrupción. Aguinaga es hoy parlamentario de Fuerza Popular y Costa Bauer y Yong Motta están alejados de la actividad pública.
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