El lunes 01 de febrero, Alan García propuso – durante la presentación de su lista de candidatos al Congreso – que quienes postulen a una curul por Lima iban a renunciar a su eventual inmunidad parlamentaria y a permitir el levantamiento de su secreto bancario.
Ya por la noche de ese mismo día, se hizo público que 36 candidatos al Parlamento de Alianza Popular (Apra-PPC) habían firmado declaraciones juradas en donde ordenaban lo ofrecido por el aspirante al sillón presidencial.
[Alianza Popular: 36 candidatos al Congreso renunciaron a su inmunidad parlamentaria]
Perú21 conversó con el abogado constitucionalista Enrique Bernales para conocer el trasfondo de este gesto político:
¿Puede renunciarse a la inmunidad parlamentaria?
No se puede hacer por cuenta propia una renuncia a un atributo inherente al cargo, que tiene por beneficiario al titular del cargo y que está en la Constitución.
¿Se necesitaría una reforma constitucional para hacerla efectiva?
Sí, y lo conveniente sería –porque la composición del próximo Parlamento amenaza estar más fragmentada que la actual– que haya una negociación, un acuerdo previo.
¿Cree Ud. que debe eliminarse esa prerrogativa?
La decisión del parlamentario nunca es individual porque el atributo está en la Constitución. Lo que sí conviene es evaluar si una institución del siglo XIX, que se creó contra persecuciones políticas, tiene sentido en el siglo XXI cuando los países, en general, tienen democracias consolidadas. Esto debe evaluarse porque el Perú no es una monarquía donde quien tiene un cargo tiene privilegios.
¿Debería ser parte de una serie de reformas a tratar apenas entre en funciones el próximo Congreso?
La experiencia así lo indica. Mire lo que ha pasado con las reformas electorales, es un desastre. ¿Para qué se hicieron cuando prácticamente estábamos ad portas de un proceso electoral? No es el momento para hacer reformas, el momento es cuando recién se inicia un gobierno.
¿El anuncio de los candidatos de Alianza Popular es entonces solo un enunciado declarativo?
Es un gesto político interesante que, como tal, hay que valorarlo y agradecerlo, pero consecuencias jurídicas inmediatas no tiene.
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