Lo primero que se destacó sobre la denuncia por los autos no declarados del contralor es que esta fue presentada ante el Congreso de la República en agosto del año pasado.
Hoy sabemos que el caso fue derivado (¿indebidamente?) a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que en su oportunidad decidió no pronunciarse sobre el fondo del asunto por no corresponder y, en consecuencia, devolvió los actuados a la Comisión Permanente del Parlamento.
Ante la situación descrita, las acusaciones respecto a que la mayoría congresal naranja estaría blindando al “Kontralor” a cambio de desestabilizar al gobierno no se hicieron esperar. Sin perjuicio de lo anterior, debemos reconocer que ha habido una demora excesiva en este asunto.
No obstante, si se acusa al fujimorismo de blindar a Edgar Alarcón, también debemos reclamarle al Gobierno por su “silencio cómplice” en esta situación, pues la PCM fue notificada en agosto de 2016 de estas presuntas irregularidades y, sin embargo, solo reaccionaron por cumplir (para variar).
Así las cosas y a efectos de evadir responsabilidades, el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, declaró que cuando recibieron esta denuncia la remitieron a la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) para que adopte las medidas correspondientes.
Cabe señalar que resulta preocupante que Fernando Zavala, que es miembro de la CAN, no sepa que esta comisión carece de competencia para pronunciarse sobre este complejo asunto. ¿Y los demás miembros de la CAN qué hicieron?
Hace unos días se emitió un comunicado en el que la CAN da cuenta de que el año pasado trasladaron la denuncia de marras a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para su atención. ¿Deja vu? ¿La CAN también es fujimorista?
Como podemos advertir, todos jugaron “ping pong” con esta denuncia, al menos hasta hace un par de semanas.¿Qué cambió el statu quo?
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