No negaré que la reelección de autoridades locales y regionales es un tema importante y necesario a debatir; empero, el proceso de reforma en el ámbito subnacional no solo se constriñe a ello.
Por ejemplo, nuestras normas electorales vigentes permiten que un ciudadano que reside en el distrito A, pero que trabaja en el distrito B y que gira recibos por honorarios para una empresa en el distrito C pueda postular al cargo de alcalde o regidor por cualquiera de estas tres jurisdicciones.
Una reforma interesante sería que aquel que quiera ser alcalde o regidor tiene que residir en el distrito o provincia por la que desea postular, pues quién mejor que alguien que conoce los problemas de su comunidad para solucionarlos. Cabe señalar que a nivel regional sí se exige la residencia.
La vacancia de cargos de elección popular es otro de tantos temas que amerita revisión. Así tenemos que si se comprueba que un alcalde o regidor ha incurrido en nepotismo, ello es motivo para ser vacado. En contraposición, si un gobernador regional designa a su cónyuge en un puesto en la región, no pasa nada, pues la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales no contempla esta infracción como una causal de vacancia. ¿Cuál es la lógica para sancionar a unos y hacernos de la vista gorda con otros? Quizá los temas descritos resulten de menor interés político, pero no por ello dejan de ser importantes.
El proceso de reforma electoral es más complejo que retornar a la reelección de autoridades, regular el financiamiento de campañas, establecer impedimentos para postular a cargos de elección popular, adoptar el sistema del voto voluntario o retornar al bicameralismo.
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