Defensoría del Pueblo pide a JNE fiscalizar uso de fondos públicos

El defensor del Pueblo, Eduardo Vega, pidió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que dicte medidas para fiscalizar, en las regiones, el cumplimiento de las prohibiciones sobre el uso de fondos públicos y la publicidad estatal durante los comicios.

Para ello, a través de un oficio, Vega solicito que la Dirección Central de Gestión Institucional y los Jurados Electorales Especiales, que se instituyan a partir del 1 de junio, cuenten con los recursos humanos y materiales suficientes para realizar las tareas de fiscalización encomendadas.

El funcionario recordó que desde el 24 de enero, fecha en la cual se convocó a elecciones regionales y municipales, la Defensoría del Pueblo ha recordado a alcaldes, presidentes regionales y funcionarios públicos de todo el país, las obligaciones y prohibiciones que les competen sobre uso de recursos públicos y publicidad estatal.

No obstante, informó que han sido detectadas infracciones al deber de neutralidad y uso de publicidad estatal por parte de los gobiernos regionales de Apurímac, Ayacucho, Junín, Pasco y Tumbes; y de las municipalidades de Abancay, Huancayo, entre otras, por haber difundido publicidad prohibida en espacios públicos.

La Defensoría del Pueblo recordó que esas infracciones han sido comunicadas oportunamente al JNE para que proceda de acuerdo a sus atribuciones.

Por otro lado, Vega reiteró a las autoridades y funcionarios públicos la prohibición de financiar, con recursos públicos, cualquier clase de propaganda electoral –a favor o en contra– de cualquier organización política o candidato participante en los comicios de octubre próximo.

Asimismo, el jefe del Programa de Ética Pública, Prevención de la Corrupción y Políticas Públicas de la Defensoría del Pueblo, Eduardo Luna, anotó que las prohibiciones se basan en la observancia de principio de neutralidad y buscan garantizar el libre ejercicio al sufragio y los demás derechos de participación ciudadana.

El funcionario informó que las Oficinas de la Defensoría del Pueblo, a nivel nacional, continuarán supervisando el cumplimiento del principio de neutralidad por parte de los funcionarios públicos.