Durante su presentación en el programa Portada, de Canal N, el último lunes, el legislador Guido Lombardi cuestionó el silencio del hoy contralor general Edgar Alarcón, quien –dijo– nunca emitió un informe de manera pública sobre los contratos que se suscribieron entre los años 2006 y 2011, como sí lo hizo con el contrato del aeropuerto de Chinchero.
“No lo escuchamos elaborar informes tan sofisticados sobre irregularidades en contratos y adendas que en esos años, sobre todo en 2006 y 2011, se firmaron por doquier”, afirmó Lombardi, legislador del oficialista Peruanos por el Kambio (PpK).
Lombardi, según le recordó el representante de Fuerza Popular Héctor Becerril, presente en el citado programa, le recordó que en unas declaraciones a Exitosa había señalado que Alarcón llegó al cargo con votos de los fujimoristas, hecho que fue motivo de réplica del congresista de la tienda naranja.
“Nosotros nos opusimos a ese nombramiento, lo eligió el gobierno de Ollanta Humala, nosotros votamos en contra de ese contralor”, afirmó.
La insinuación de una relación entre Alarcón y el fujimorismo vino también de parte de Juan Sheput, vocero alterno de Peruanos por el Kambio, quien dijo: “La Contraloría ha vuelto a ser un instrumento político de la oposición igual como en los años 90’, que se puso a disposición del fujimorismo”, manifestó.
¿Pero qué fue lo realmente ocurrió el 8 de junio de 2016, cuando la Comisión Permanente sesionó para designar al contralor que reemplazaría en el cargo a Fuad Khoury?
LA ELECCIÓN
Aquel día, la Comisión Permanente del Congreso era dirigida por la mayoría oficialista del Partido Nacionalista-Gana Perú.
La propuesta de la designación fue enviada por el Poder Ejecutivo y generó un amplio debate en el seno del citado grupo de trabajo, que por entonces presidía Luis Iberico (PPC-APP).
Alarcón fue elegido por unanimidad (15 votos) para el periodo 2016-2023.
Votaron a favor: los entonces integrantes del Partido Nacionalista Gladys Condori, Mariano Portugal, Hugo Carrillo, Fredy Otárola, Martín Rivas, Santiago Gastañadui, Ana Jara, Emiliano Apaza y Claudia Coari. Asimismo, José León (Perú Posible), Fernando Andrade (Somos Perú), Víctor Andrés García Belaunde y Rosa Mavila (ambos de Acción Popular-Frente Amplio), Javier Bedoya (PPC-APP) y Norman Lewis (Unión Regional).
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Ana Jara, ex premier de la gestión Humala, y otros legisladores de ese bloque nacionalista destacaron la trayectoria de Alarcón, quien, según dijeron, es funcionario de carrera en el órgano de control desde hace casi 20 años.
“Se inició en la Contraloría como técnico. Luego ocupó jefaturas y gerencias. Es un funcionario de carrera”, dijo por entonces Jara.
Antes de llamarse a votación, los legisladores de Fuerza Popular (fujimoristas), de Concertación Parlamentaria y de Solidaridad Nacional se retiraron de la sala de sesiones. Es decir, los fujimoristas no votaron en contra, como dijo Becerril.
LAS CRÍTICAS FUJIMORISTAS
¿Por qué se fueron los fujimoristas de la sesión? La razón es la siguiente. Previo al debate, Pedro Spadaro (FP) pidió que se formara una comisión multipartidaria que evaluara la propuesta del gobierno del presidente Ollanta Humala. El pedido solo obtuvo el apoyo de ocho legisladores, mientras que 15 se pronunciaron en contra.
Cabe recordar que al iniciarse dicha sesión, se leyó un oficio recibido el 3 de junio de 2016, por la Presidencia del Congreso, en el que se planteaba una denuncia por infracción constitucional, presentada por un ciudadano, contra Édgar Alarcón, entonces contralor general en funciones. Se anunció que el documento sería tramitado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Frente a ello los legisladores Cecilia Chacón (FP) y Javier Velásquez Quesquén (CP), entre otros, pidieron que esa acusación fuese resuelta en el referido grupo de trabajo, que presidía Víctor García Belaunde, antes que la Comisión Permanente se pronuncie por la designación o no del referido funcionario.
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Por su parte, el congresista Héctor Becerril manifestó que no se podía elegir a Alarcón porque contra él pesa una denuncia por formar una supuesta sociedad inmobiliaria con Patricia Gates, hermana de Roy Gates, quien por entonces era abogado de la hoy ex primera dama, Nadine Heredia.
Becerril lamentó que como vicecontralor, Alarcón no habría cumplido a cabalidad con sus funciones, y recordó actos de corrupción no detectados a tiempo en diferentes gobiernos locales y regionales como Áncash, Tumbes y Loreto.
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— Diario Perú21 (@peru21noticias) 24 de mayo de 2017
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