Chavín de Huántar: Tras 18 años, sigue polémica por el operativo

Eran poco más de las 15:00 horas cuando los periodistas nacionales y extranjeros que desde 126 días antes cubríamos todo lo relacionado a la toma de rehenes en la residencia del embajador de Japón fuimos impedidos de acceder a los lugares que habitualmente ocupábamos, a pocos metros del lugar donde se encontraban 72 rehenes del MRTA. Unos 20 minutos después, en medio de las protestas con el cordón policial, se escuchó la primera detonación. El operativo Chavín de Huántar había comenzado.

Aquel 22 de abril de 1997, el Perú fue centro de la noticia mundial. Un grupo de comandos de élite había ingresado sorpresivamente a la residencia donde Néstor Cerpa Cartolini y 13 de sus secuaces mantenía en vilo al país al retener contra su voluntad a ministros, funcionarios, diplomáticos, militares, magistrados y parlamentarios.

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Las negociaciones para buscar una salida pacífica habían fracasado. Al frente del entonces coronel EP José Williams Zapata, los comandos ingresaron a la residencia cuando algunos emerretistas jugaban fulbito en la sala del primer piso. Fueron minutos de gran tensión en medio de explosiones, disparos y gritos que se confundían en los alrededores de la calle Marconi, en San Isidro.

Luego de 35 minutos, la imagen de un comando arrojando la bandera del MRTA al piso señalaba al mundo que el operativo había concluido. El saldo fue este: dos comandos (Juan Valer y Raúl Jiménez), un rehén (el vocal Carlos Giusti) y 14 emerretistas muertos.

Lo que sucedió en esos minutos ha sido materia de investigaciones y opiniones en sede nacional y en instancias supranacionales. En 2001, el testimonio del diplomático japonés Hidetaka Ogura abrió la polémica en torno al éxito del operativo. Aseguró haber visto con vida al emerretista Eduardo Cruz Sánchez, ‘Tito’, y a otros dos más después del operativo.

Desde entonces, se planteó la tesis de la ejecución extrajudicial a más de uno de los emerretistas. Posteriormente, en declaraciones ante el Ministerio Público, los suboficiales PNP Raúl Robles Reynoso y Marcial Torres Arteaga manifestaron que también vieron con vida a ‘Tito’.

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SOLO QUEDA ESPERAR
Los comandos señalan que todavía no pueden cantar victoria debido a que el proceso en la Corte Interamericana no ha concluido y solo queda esperar su veredicto.

En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe en el que responsabiliza al Estado Peruano de no investigar de manera adecuada los hechos ocurridos en la embajada y de no identificar a los responsables de la muerte de los emerretistas capturados. El caso pasó luego a la Corte-IDH.

En 2012, en el Perú, la Corte Suprema determinó que, por lo menos, uno de los emerretistas, el terrorista ‘Tito’, fue ejecutado tras haber sido detenido y entregado a un comando.

En estos días, la Corte de San José delibera su pronunciamiento sobre el caso Chavín de Huántar y su fallo podría determinar que se realice un nuevo juicio si considera que el Estado Peruano es responsable de las supuestas ejecuciones extrajudiciales.

Según ha explicado en reiteradas ocasiones el abogado del Instituto de Defensa Legal, Carlos Rivera, la CIDH no cuestiona la legitimidad del operativo militar ni los comandos que directamente participaron en él. Por eso, agrega, “es necesario distinguir la operación de rescate de lo que sucedió después”. Lo que está en discusión, señala, es la responsabilidad del Estado al no garantizar la vida de tres personas que ya habían sido capturadas y estaban, por tanto, fuera de combate.

La ex procuradora Delia Muñoz indicó que la Corte-IDH “no puede revisar algo que los tribunales nacionales ya fallaron. No es una cuarta instancia judicial”, anotó.