Carlos Ramos Heredia: Los 7 'pecados' del destituido fiscal de la Nación

Carlos Ramos Heredia, destituido ayer como fiscal de la Nación por el Consejo Nacional de la Magistratura, es cuestionado por su actuación en casos como el de Rodolfo Orellana, del clan Sánchez Paredes y de César Álvarez. Perú21 le dedicó varias portadas.

El CNM abrió dos procesos disciplinarios a Ramos Heredia por su actuación cuando estaba a cargo de la Fiscalía Suprema de Control Interno en los casos de La Centralita y del fiscal José Luis Checa Matos, relacionados a la red de corrupción en Áncash.

En el caso de La Centralita la votación fue unánime y en el expediente de Checa la decisión fue por mayoría.

Repasemos siete casos en los que Carlos Ramos Heredia está involucrado:

1. Caso del ex magistrado José Luis Checa: Una resolución que emitió el mismo Carlos Ramos Heredia revela que mintió al decir públicamente que no sancionó, como jefe de Control Interno, a 15 magistrados que investigaron a César Álvarez, ex presidente regional de Áncash.

Según la resolución N° 1738-2013-MPFN-F.SUP.CI., del 6 de diciembre de 2013, fue el mismo Ramos —actual fiscal de la Nación—, quien en su condición de fiscal supremo de Control Interno propuso la sanción de destitución para José Luis Checa Matos, en ese entonces fiscal provincial provisional especializado en Delitos de Corrupción.

2. Caso Sánchez Paredes: Desde la jefatura de Control Interno, Ramos Heredia respaldó a la fiscal superior María Maguiña cuando dictaminó el retiro de la acusación de lavado de activos del narcotráfico al clan Sánchez Paredes. Luego de un año de investigación, Ramos Heredia concluyó en febrero de 2013 que Maguiña no había cometido irregularidad alguna ni celeridad inusual al emitir dicha decisión fiscal. En cambio, impuso una multa del 20% de su sueldo al entonces fiscal provincial Jorge Chávez por incluir en sus pesquisas, durante 2007, a las compañías de la referida familia trujillana.

3. Reunión con Orellana: Después de negarlo categóricamente en una conferencia de prensa, Ramos Heredia —como fiscal de la Nación— tuvo que admitir que había sostenido un encuentro en su despacho con el investigado empresario Rodolfo Orellana. La cita ocurrió cuando Ramos estaba a cargo de la Fiscalía Suprema de Control Interno. Orellana ahora está prófugo y es considerado la cabeza de una presunta red criminal.

4. Cita con César Álvarez: El titular de la Fiscalía de la Nación, Carlos Ramos, también tuvo que reconocer que se había reunido en diferentes ocasiones con el presidente regional César Álvarez, investigado por presuntamente liderar una organización criminal en Áncash. Sucedió cuando Ramos Heredia tenía la jefatura de Control Interno del Ministerio Público.

5. Caso La Centralita: Carlos Ramos Heredia, en su función al frente de Control Interno de la Fiscalía, solicitó investigar y denunciar penalmente a los cuatro fiscales anticorrupción del Santa (Chimbote) que allanaron las instalaciones de la denominada ‘La Centralita’, supuesto centro de operaciones de la supuesta red criminal de César Álvarez. El parlamentario Heriberto Benítez, socio político de Álvarez, sindicó a los fiscales César Jiménez, Javier Estrada, Christian Aceijas y Miguel Vilca, por presunto abuso de autoridad, pues habían intervenido ese inmueble, donde el congresista alquilaba una habitación ubicada en otro piso.

6. Caso del fiscal Farro: Ramos Heredia, desde Control Interno del Ministerio Público, no habría investigado a Dante Farro, quien presidió la Junta de Fiscales del Santa hasta finales de febrero último, a pesar de las diversas denuncias en su contra por supuestamente bloquear las investigaciones fiscales respecto a la gestión del presidente regional César Álvarez.

7. Caso del congresista Gagó: El 12 de setiembre pasado, el fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, dictaminó el archivamiento de la investigación preliminar que se había abierto al congresista Julio Gagó por el caso Copy Depot, a pesar de las evidencias como audios y testimonios. En su resolución, Ramos Heredia determinó no formular una denuncia constitucional contra el parlamentario por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y negociación incompatible.

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