Aspectos fundamentales del destino de Brasil se juegan hoy en conspiraciones palaciegas. El consenso entre analistas es que el gobierno de Temer durará semanas, pero no meses, y lo que se negocia son tres cartas: cómo saldrá Temer, quién sería el próximo presidente y cómo lograr la impunidad.
El PT quiere elecciones directas inmediatas, pero aceptaría elecciones indirectas si salvan a Lula de los seis juicios por corrupción en manos de Sergio Moro. Los partidos, menos el PT, quieren elecciones indirectas, pero no se ponen de acuerdo sobre quién sería el próximo presidente.
Hasta ahora, no encuentran a alguien que sea de consenso y que desee gobernar el país por 17 meses. Ya han explorado más de diez. Los que quieren no tienen consenso y los que tienen consenso, no quieren. Hasta Fernando Henrique Cardoso ya fue consultado, y no aceptó.
Lo que mantiene a Temer en el gobierno es esta indefinición. Pero el 6 de junio, el TSE (Jurado Nacional de Elecciones de Brasil) juzgará la plancha Dilma-Temer por uso de sobornos en la campaña electoral. Las pruebas son irrefutables y, si el juicio se no se paraliza, la sentencia probable es la anulación de las elecciones de 2014.
Hoy, las reformas están paralizadas y el riesgo es el retroceso del proceso moralizador. Lo que parece ser consenso entre las fuerzas políticas es aprovechar la inestabilidad del gobierno Temer para aprobar una amnistía general que salve a los cientos de parlamentarios, ministros y ex presidentes citados por Odebrecht y JBS, que paralice Lava Jato, e impida nuevas investigaciones de ese tipo. Solo los medios y las calles podrían desmontar esta conspiración.
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