Un racionamiento de energía es el riesgo latente que se corre en caso de que ocurra un nuevo atentado en la zona del gasoducto de Camisea, advirtieron fuentes del Ejecutivo.
Ante una emergencia de gas natural, el suministro tendría que cortarse empezando por los clientes industriales, explicaron. Quedaría resguardado el abastecimiento domiciliario y para servicios básicos y salud.
Las operaciones de mantenimiento y las pruebas geotécnicas en la fase de transporte de gas han sido suspendidas desde el 6 de octubre, cuando fueron incendiados tres helicópteros en Kiteni.
El Gobierno ha previsto un plan de emergencia que contempla una nueva planta de regasificación en Melchorita (Cañete) y el desarrollo de un ducto paralelo.
Además, se ha dispuesto que en abril del próximo año ya estén en pleno funcionamiento tres plantas de generación de reserva fría (Ilo, Talara y Jaén).
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