Luis Jaime Castillo es arqueólogo y, desde 2013, viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales. Lo buscamos para conversar sobre las tareas que el Ministerio de Cultura se ha impuesto.
¿Cuál es la posición del Ministerio de Cultura sobre las medidas del Poder Judicial y la Fiscalía con respecto a los activistas de Greenpeace que dañaron las Líneas de Nasca?
Apenas se hizo pública la intromisión de Greenpeace, el Ministerio de Cultura actuó e hizo la denuncia respectiva. Es conveniente que esta situación vaya por los canales que la ley determina, siguiendo el debido proceso. Aquí no hay venganza, queremos que el sistema de justicia haga su trabajo. La Fiscalía ha determinado que hay responsabilidad en algunas personas y se está citando a los implicados. La citación al ciudadano argentino Mauro Fernández es parte del desarrollo de la investigación: si no viene voluntariamente, se tendría que pedir su extradición.
¿Cómo trabaja el Ministerio de Cultura en la protección del patrimonio arqueológico?
Hay varios frentes. Uno tiene que ver con la regulación sobre cómo protegerlo, terreno donde teníamos mucho retraso. Una de nuestras principales tareas ha sido actualizar toda la base legal y reglamentaria que protege al patrimonio. Con esto tendremos un ministerio que actúe de forma eficiente y moderna. Acabamos de invertir unos 22 millones de soles en la protección de los sitios arqueológicos más emblemáticos del norte del país previendo un probable fenómeno de El Niño. Esto es inédito. Nunca el Estado invirtió tanto en la protección del patrimonio. El problema es que todo lo hecho parece poco porque el Perú es un país que tiene, por lo menos, 100 mil sitios arqueológicos, además de todo nuestro patrimonio arquitectónico, mueble, inmueble, inmaterial y más. Sin embargo, por algún lugar había que empezar, y nosotros lo estamos haciendo, no solo enfrentando la coyuntura, sino trabajando en un plan a largo plazo que permita la protección real del patrimonio.
¿El ministerio facilitará la inversión privada?
Sí, pero hasta cierto punto. Todos estamos de acuerdo con que debe haber una participación privada en la protección del patrimonio. Esto se puede hacer de varias maneras, una de ellas, la concesión, pero no se concesiona el sitio arqueológico, sino los servicios que se brinden allí: restaurantes, hoteles, etcétera. También se está trabajando el tema de obras por impuestos, que permite que el sector privado invierta su dinero a través de este mecanismo para generar la infraestructura que se requiere para desarrollar los sitios. La más importante obra por impuestos que estamos trabajando hoy es un centro para visitantes en Machu Picchu. A la par, el Estado está invirtiendo dinero en cultura y patrimonio como nunca antes se había hecho: construimos el Museo Nacional de Arqueología en Pachacámac; el Museo del Tahuantinsuyo, que ya se planea en Cusco; el Museo de Paracas está prácticamente terminado; el Museo de Túcume se abrió a fines de 2014. A raíz de lo sucedido con Greenpeace se ha despertado una efervescencia ciudadana, y nos hemos dado cuenta de que los peruanos reconocemos como algo muy importante la salvaguarda y protección del patrimonio, que este está en nuestro corazón y es prácticamente sagrado.
¿Tener 100,000 sitios arqueológicos es bendición o condena?
No todos esos sitios son visitables: algunos son remotos; otros, frágiles. El Perú tiene un ‘exceso’ de sitios y hay que ‘racionalizarlos’: no todos se pueden abrir al público. Esto no significa que los abandonemos; los tenemos que cuidar todos. Felizmente, algunos de ellos pueden generar recursos que nos permitan proteger todos los demás. Por ejemplo, los recursos que produce Machu Picchu sirven para proteger prácticamente todo el patrimonio del Cusco. Queremos tener unos 20 Machu Picchu, lugares que nos permitan obtener ingresos para proteger todo el patrimonio nacional.
¿Cuáles son esos espacios en los que ya se está trabajando?
Rápidamente, le puedo mencionar unos diez lugares de potencial gigantesco: Kuélap, los sitios arqueológicos del valle de Lambayeque (Huaca Banderas, el Bosque de Pómac), Chan Chan, la Huaca de la Luna y los sitios mochica del valle de Moche, Casma y Sechín –uno de los tesoros más grandes que tiene el Perú–, los valles de Supe y Pativilca –que incluye Caral–. Luego, en Lima tenemos 476 huacas, algunas de las cuales son increíbles, grandes y complejas: Catalina Huanca y más. Vamos a Ica, Paracas; a Arequipa, Toro Muerto, Quebrada de la Vaca; a Moquegua, Cerro Baúl; a Puno, Pucará. El Perú está repleto de sitios con potencial. Lo que nos falta es investigar y desarrollar nuevo sitios, e incorporarlos a este sistema, de tal manera que haya otras alternativas a Machu Picchu.
Pedro Pablo Alayza, ex gerente de Cultura de la Municipalidad de Lima, me decía que el Ministerio de Cultura tenía direcciones regionales en las provincias, pero no una en Lima, y que esto afectaba a la ciudad.
La visión de Alayza es parcializada, porque, para él, solo la Municipalidad de Lima realizaba actividades culturales. Eso es falso, un reduccionismo absurdo. La cultura es viva, parte de la identidad de la gente y tiene muchos actores. Solo la programación del Gran Teatro Nacional era tan grande como lo hecho por la Municipalidad de Lima durante la gestión de Villarán.
¿Cómo está trabajando el ministerio en las artes?
Allí, el rol del Ministerio es promocional: yo no puedo regular cómo la gente pinta, cómo la gente baila, cómo la gente escribe. Sí puedo regular cómo la gente excava o restaura una casona. Y para promocionar hay que otorgar recursos. Nuestro objetivo es constituir el Fondo Nacional de las Artes: este nos permitirá otorgar premios, adquirir obras, promocionar a jóvenes, becar a artistas. El problema es que muchas veces se ve esto, dentro del mismo Estado, como un gasto y no como una inversión. Nuestro reto está en revertir esta situación y convencer a quienes toman las decisiones respecto a los presupuestos públicos que el dinero que se pondrá en las artes y en las humanidades generará desarrollo sostenible, ciudadanía, y no es dinero botado.
AUTOFICHA
■ “Soy arqueólogo de la Pontificia Universidad Católica, tengo un doctorado en la Universidad de California (UCLA). Soy profesor en la PUCP y, desde 2013, viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales”.
■ “Nuestro trabajo con los gobiernos regionales es variable: algunos tienen una política avanzada. Otros, lamentablemente, no la poseen, y hay otros cuya labor resulta deprimente”.
■ “El Gran Teatro Nacional es la casa de los elencos nacionales (sinfónica, ballet, etc.) y estos deben tener un lugar donde tocar. Hemos optado por una gestión mixta, que lo convierta en un espacio de talla mundial”.
Por Gonzalo Pajares (gpajares@peru21.com)
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