Pese a los innegables avances en el desarrollo de su economía y en la calidad de vida de sus ciudadanos en las últimas dos décadas, el Perú enfrenta desafíos formidables por delante. Las recientes elecciones mostraron la precariedad de nuestras instituciones políticas, y el magro crecimiento económico de este año refleja la atrofia de nuestro Estado –la inversión pública no crecerá por incapacidad de gasto mientras tenemos un superávit fiscal absurdo– además de las dificultades que enfrentan las empresas para producir y generar empleo, lo que es culpa en parte de la sobrerregulación y los elevadísimos costos burocráticos a los que se enfrenta. Pero, en lugar de debatir cómo superar esos desafíos, nos enfrascamos en discusiones sobre propuestas descabelladas, pobremente fundamentadas, como la eliminación de la obligatoriedad del ahorro previsional. Lo que funciona razonablemente bien lo queremos echar a perder. Y lo que no funciona no lo queremos reformar.
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