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Patricia Donayre: "Queremos que la ley de reforma electoral no deje dudas"

“El ejecutivo señala que solo se prohibirán aportes de personas naturales o jurídicas siempre que hayan sido condenadas por delitos, y esto es un error de concepción porque las personas jurídicas no pueden ser condenadas”, asegura.

Patricia Donayre: “Queremos que esta ley no deje dudas”. (Luis Centurión)
Patricia Donayre: “Queremos que esta ley no deje dudas”. (Luis Centurión)
Ricardo Monzón Kcomt

Ricardo Monzón Kcomt

@rmk_04

Una propuesta de reforma electoral con más de 400 artículos prepara el subgrupo encargado de la Comisión de Constitución, dirigido por Patricia Donayre. A falta de una sola sesión (este miércoles) para aprobar su informe final, la congresista fujimorista da algunos detalles de este trabajo.

¿Cuáles son las principales propuestas que se debatirán en Constitución?
—Uno de los temas más sensibles es el financiamiento de partidos. Estamos prohibiendo en absoluto el financiamiento privado para evitar la suspicacia de que un aporte de una empresa se considere un condicionamiento para un favor futuro.

En eso se diferencia de la propuesta del Ejecutivo…
—Así es. El Ejecutivo señala que solo se prohibirán aportes de personas naturales o jurídicas siempre que hayan sido condenadas por delitos, y esto es un error de concepción porque las personas jurídicas no pueden ser condenadas porque el delito personaliza al autor. En lo que sí coincidimos es en el monto tope de financiamiento, 200 UIT (por persona natural), y la bancarización de los aportes, que va por encima de 1 UIT.

¿Qué proponen sobre elecciones internas en partidos?
—Continúan los tres mecanismos de elección que ya existían: afiliados y no afiliados, solo con afiliados, o a través de delegados. Hemos establecido que la participación de los organismos electorales es a solicitud de los partidos, porque la mayoría sentían que podría vulnerarse su autonomía. Sin embargo, los procesos en los que intervenga el sistema electoral serán validados de manera definitiva por ONPE. Por ello, creo que la mayoría de partidos va a querer contar con ellos para evitar observaciones.

¿Se le dará más poder coercitivo al JNE para sancionar?
—Sí, en el caso de aportes anónimos se tendrá que aplicar la sanción más grave, que es anular la inscripción de los partidos. Otra sanción muy grave es perder el financiamiento público directo e indirecto. Estamos siendo muy duros en la aplicación de sanciones. Queremos que sea una ley transparente que no deje dudas en la ciudadanía.

¿El JNE podrá intercambiar datos con la UIF?
—Lo que se señaló dentro del grupo es que si el JNE detecta algún indicio sospechoso respecto al origen de los fondos de campaña, puede reportar para efectos de levantar el secreto bancario. Eso nos diferencia del proyecto del Ejecutivo, que señala que desde el momento que eres candidato estás sujeto a que se te levante el secreto bancario.

¿Por qué no tomar la propuesta del Ejecutivo?
—Yo creo que es un tema muy delicado que merece más análisis. Por mi parte, me parece que no es constitucional porque se contrapone al derecho de presunción de inocencia, pero habría que discutirlo en esta última sesión del 3 de mayo porque puede dar lugar a dudas y lo que menos quiero es que se piense que queremos proteger a determinadas personas.

El primer ministro, Fernando Zavala, dijo que buscaban desalentar a postular a personas que no tienen interés en servir al país…
—La mejor manera de desalentar es creando partidos políticos sólidos, con años de inscripción antes de postular, y no solo partidos que se crean en el momento electoral con un fin económico, más que político y de servicio.

En el tema de las dádivas, ¿qué se contempla?
—El grupo de reforma ha considerado que se prohíben en absoluto las dádivas. Si a alguien se le encuentra regalando una canasta, un kilo de azúcar, o lo que no sea un material propiamente de campaña, será excluido de la contienda electoral. Hay que evitar que se siga con este incentivo perverso que muchas veces contribuye a la distorsión de la voluntad popular.

¿Su propuesta de vacancia presidencial si no cumple el plan de gobierno se debatió?
—No se llegó a debatir porque lo que nosotros hemos planteado es que existan dos etapas distintas dentro del proceso electoral de inscripción de los candidatos a presidente, gobernadores o alcaldes. Actualmente ellos, con su inscripción, presentan un plan de gobierno. Con la reforma se plantea que con la inscripción presenten lineamientos políticos y una vez que resulten elegidos, después del proceso de transferencia, planteen a la población un plan de gobierno coherente con la realidad. La pregunta era: ¿si no cumplen con el plan de gobierno, qué hacemos? Una de las posibilidades era la vacancia, pero no se volvió a tocar el tema.

¿Ha quedado de lado?
—Así es. No está dentro de la agenda. Yo creo que no lo vamos a volver a tocar, salvo que algún congresista quiera retomar el tema. Pero sí tiene que haber alguna sanción o amonestación si no cumplen con el plan de gobierno porque este es materia de juramento al asumir el cargo. Ahí estás asumiendo un compromiso serio con la población que no puede ser burlado.

¿Y en cuanto a la reelección?
—Todos los temas constitucionales se van a debatir en la Comisión de Constitución. El tema de reelección sí se va a ver porque tiene mucha relación con el proceso electoral del 2018. Lo que podría dejarse para después son temas que tienen que ver con la elección del 2021, como la bicameralidad o el voto preferencial.

AUTOFICHA

  • “Soy congresista de Fuerza Popular y dirijo el grupo de reforma electoral de la Comisión de Constitución. Fui procuradora anticorrupción de Lima y congresista del Frente Independiente Moralizador (FIM)”.
  • “Quien consigne información falsa o errada en la hoja de vida será excluido. Las exclusiones podrán darse hasta 30 días antes de la elección. Solo podrá resolverse hasta 1 día antes en caso se trate de candidatos que sean condenados”.
  • “La elaboración de los padrones electorales de ONPE debe ser 120 días antes del proceso electoral. En el caso del JNE, debe cumplir con su rol de fiscalización y aplicar las sanciones en el caso de que, por ejemplo, algún partido contravengan la legislación”.

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