La ausencia mediática de los parlamentarios debido a su “viaje de representación” no le ha restado color al quehacer político nacional.
Por el contrario, esta vez nuestros habituales ‘culebrones’ políticos tuvieron nuevos protagonistas: el presidente de la Corte Suprema, César San Martín; la ministra de Justicia, Eda Rivas, y el inefable procurador Segundo Vitery que, de la noche a la mañana, pasó del anonimato al estrellato o, más bien, a la estrellada total por decir lo que, según él, le dijeron que diga pero que al final, dicen, no debió decir sobre el caso Barrios Altos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Lo cierto es que los involucrados se han preocupado más en ‘lavarse la cara’ que en reconocer y corregir las debilidades de nuestro sistema de defensa jurídico internacional, y cual infantes descubiertos en falta, han justificado sus metidas de pata echándose la culpa unos a otros.
Hasta enero, el Perú era uno de los países con mayor número de demandas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: 360, reveló el hoy premier Juan Jiménez Mayor. Pese a ello, y a diferencia de Colombia, que envía a esa instancia a sus juristas más connotados, el Perú opta por representantes cuyos argumentos descoordinados entre sí pueden fácilmente ser ‘revolcados’ por las ONG. El último ‘papelón’ del Estado peruano ha puesto las barbas en remojo, no solo las del sector Justicia, sino también –cuentan– las de Jiménez, que hasta hace 39 días fue el responsable de esa cartera y que, a propósito, no ha dicho nada aún sobre la bronca Rivas-San Martín-Vitery.
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