Muchos se preguntan quiénes asesoran al presidente y al premier. A veces parece que nadie. La inquietud tiene su razón en la cantidad de desaciertos del gobierno que se evidencian en una vertiginosa caída de la aprobación presidencial. El desatino más elocuente son las declaraciones de varios ministros respecto al desempeño de la Procuraduría Anticorrupción. El premier tuvo expresiones poco ecuánimes sobre este tema, afirmando que el pedido de investigación a Martín Vizcarra se basa en una foto, que no tiene pies ni cabeza, que es extraño que se investigue al presidente cuando –según él– ya aclaró todo lo concerniente a los depósitos recibidos por PPK de una cuenta “offshore”.
Otros ministros afirman sin empacho que estos pedidos buscan debilitar al gobierno, para qué crearon una quinta columna a la que en el inicio presentaron como totalmente autónoma totalmente… No olvide el Ejecutivo que el presidente actual ya fue cuestionado en dos procesos electorales por sus negocios. A la luz del megacaso Lava Jato, es necesario investigar. O, por lo menos, eso consideran quienes ejercen la defensa del Estado, no del gobierno.
El aún fallido aeropuerto de Chinchero es otro tole tole plagado de malos manejos y que ha creado sospechas y dudas bastante plausibles y nada descabelladas. El propio ministro Vizcarra calificó el contrato como doloso para el Perú. Incluso, el presidente discrepa de su ministro en el tiempo de la concesión. El primero dice 40 años y Vizcarra 30. Amén de la cercanía del Ejecutivo con los directivos de la empresa Kuntur Wasi.
La ministra de Justicia se unió a los yerros ministeriales exculpando a sus colegas, sin necesidad. Acusa a los procuradores de filtrar información sin pensar que la Fiscalía también puede hacerlo. Critica la poca rigurosidad de sus funcionarios y anuncia que les creará un reglamento para que no se “desboquen”. Vaya expresión. Acaso el Ejecutivo no sabe que Contraloría y la presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado (CDJE) tienen observaciones fundadas. Pero el presidente le ve tinte político a la Contraloría. Así estamos fritos y la desconfianza en el gobierno aumentará.
No se ha preguntado el gabinete de dónde vino la extraña campaña contra Julia Príncipe, presidenta del CDJE. Nunca hemos visto pintas callejeras contra una procuradora. ¿Quiénes quieren que salga? En medio de esto, la Fiscalía mantiene un secretismo frente al acuerdo de colaboración firmado con Odebrecht, atrincherándose sin razón. Para defender al Estado, la Procuraduría requiere que la Fiscalía le brinde información abierta y transparente. Se la niegan. Sin embargo, vemos que algunos medios tienen mayor acceso al trabajo de la Fiscalía que otros. Y PPK se exculpa en una entrevista, diciendo que no firmó el contrato de la Interoceánica Sur. ¿Insinúa que el responsable fue su reemplazante temporal Javier Sota Nadal?
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