24.MAY Jueves, 2018
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Opinión

En 2015, el gobierno de Ollanta Humala defenestró a la procuradora de Lavado de Activos, Julia Príncipe. Fue por denunciar a Nadine Heredia y entregar las agendas al fiscal Juárez Atoche, a quien le fueron muy útiles. Álvaro Gutiérrez, ex fundador del Partido Nacionalista, pidió al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, que lo recibiera para entregarle las reveladoras agendas, la ruta del dinero. Sánchez lo derivó a su asistente. Gutiérrez confió en Príncipe y ella en Juárez Atoche. Una buena sinergia, aunque seguro soltarán a la ex pareja presidencial.

En aquella época, PPK ‘tuiteó’: “Lamentable la destitución de la Dra. Príncipe. Es un golpe al sistema anticorrupción y un mal mensaje para la defensa pública del Estado”. Comentario muy pertinente para la grosera destitución de las procuradoras Príncipe y Katherine Ampuero del sistema de defensa del Estado. Expulsadas por hacer su labor: lidiar con Odebrecht, empresa que corrompió a toda América Latina y que tenía un departamento de operaciones estructuradas, con claves y encriptados. También por investigar la actividad bancaria del presidente, la actuación del vicepresidente y otras personas vinculadas al poder. El ‘tuit’ de PPK cae como anillo al dedo a esta turbia situación: “Es un golpe al sistema anticorrupción”.

Como con Humala, las razones para botar a Príncipe y Ampuero son deleznables y siempre llevan un gramaje de psicosocial. Los medios más ruines le endilgan machaconamente a Príncipe que es aprista, sin que prenda. El Decreto de Urgencia 003 elaborado por el gobierno y –suponemos- por la ministra de Justicia es taxativo. Cualquier venta de una empresa corrupta se informa al Minjus y este a la Procuraduría Anticorrupción para que establezca una reparación civil. El primero que cobra es el Estado, luego reparte.

La ministra acusa a Ampuero, por ende a Príncipe, de no fijar reparación civil y pedir la inhibición de venta de un pequeño porcentaje del accionariado de Olmos. Pero la titular de Minjus nunca notificó una venta y, cuando le preguntaron cuánto vale Olmos, respondió “ni idea”. Pero exige que Ampuero supiera sobre la transacción de Olmos porque el rumor se publicó en mayo en tres medios. Aún no se vende nada y nada sabemos. Solo –nos informa Ampuero– que Odebrecht pretende pagar de reparación US$60 millones, ni un mango más.

También que, de las 54 empresas de Odebrecht en Perú, la Fiscalía solo investiga a una: la Constructora Norberto Odebrecht. Las 53 restantes no existen. Olmos, además, tiene un fideicomiso de S/1’600,000 producto de sus ganancias.

Olmos es un Chinchero II. Sobre su venta, el régimen tiene que decirnos cómo, cuándo, cuánto. Transparentar. El gobierno no es el Estado, Príncipe y Ampuero no deben obediencia a un círculo de poder.


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