Según explicó, los ciudadanos extranjeros facilitan maquinaria a quienes extraen el mineral de manera ilegal y dañando el medio ambiente, otorgándoles créditos que se pagan con el oro extraído.
Pulgar-Vidal mencionó, como ejemplo, a las denominadas ‘balsas gringo’, a través de las que se movilizan los mineros ilegales para la extracción ilegal, las mismas que cuestan unos 3,500 dólares. Agregó que, tras los operativos de interdicción, estas balsas son rápidamente repuestas gracias a los créditos de los “financistas” extranjeros.
“Esta reposición de equipamiento se hace por los créditos de los extranjeros. Por ello tienen que ser expulsados, para lo cual estamos trabajando con el Ministerio del Interior”, puntualizó el funcionario.
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