30.SEP Sábado, 2023
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Última actualización 08:39 pm
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Opinión

El proyecto de ley del Servicio Civil propone ordenar a aproximadamente medio millón de trabajadores públicos comprendidos en tres regímenes laborales (728, 276 y CAS), creando una línea de carrera, otorgando incentivos y capacitando.

Santiago Pedraglio,Opina.21
spedraglio@peru21.com

Ordenar la administración pública es una necesidad; bien se sabe que ahí existe un caos. Sin embargo, el origen del debate ha sido sinuoso. La Comisión de Presupuesto, que se ha arrogado el carácter de comisión principal, fue la primera en promover el debate, algo que exactamente no le correspondía; solo un posterior tira y afloja con la Comisión de Trabajo llevó a que se elaborasen dos proyectos. El miércoles pasado se presentó el de la Comisión de Trabajo, que fue rechazado por el Pleno, y el otro quedó para la próxima semana.

Mientras tanto, aunque Servir se ha esforzado por informar a las centrales sindicales, el compromiso, en este aspecto, de la Oficina del primer ministro y del Ministerio de Trabajo ha sido débil.

Existen tres asuntos particularmente conflictivos en la discusión: en primer lugar, la influyente negativa del MEF a la negociación colectiva como herramienta para discutir aumentos salariales y su reducción a las condiciones de trabajo, propuesta que afecta un derecho reconocido por la OIT. En segundo término, no queda claro qué sucederá con el traspaso de los trabajadores al nuevo régimen: ¿comienzan de cero o se les reconocen los beneficios anteriores? Y en tercer lugar, aun estando de acuerdo con las evaluaciones, sobre todo si, como es el caso, se otorga al trabajador un año para capacitarse y superar los puntos débiles, ¿quién garantiza la transparencia de los procesos de evaluación? ¿Servir, que probablemente lo haría con un criterio más técnico, o la alta dirección de cada ministerio?
Al hacer que prime la razón económica por sobre derechos fundamentales, el MEF está minimizando el poder de los trabajadores públicos y desvirtuando la necesidad de reordenar la administración pública.


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