Jaime de Althaus: "Ley Servir debe tener prioridad política"

Para atacar el problema de la inseguridad, es necesario reformar el sistema judicial, el que está corrompido en todos sus estamentos. Jaime de Althaus, periodista de larga trayectoria, ha publicado La Gran Reforma (de la seguridad y la justicia), que funge de contribución para resolver este embrollo.

¿Atacando la corrupción se combate la inseguridad y mejora el sistema de justicia?
Claro. Hay prácticas institucionalizadas de corrupción en el Ministerio Público (MP) y en el Poder Judicial (PJ), pero, además, hay policías, jueces y fiscales que están conectados con organizaciones criminales, con mafias. Por un lado, tenemos la tasa de victimización por delincuencia más alta en las Américas, pero al mismo tiempo está avanzando el crimen organizado.

En el libro menciona que eso podría, incluso, afectar la gobernabilidad y el crecimiento económico.
Definitivamente. Y el problema es que donde están estas mafias de crimen organizado suele haber vinculaciones con jueces, fiscales y policías de la zona. Entonces, uno de los objetivos del gobierno debería ser depurar la Policía de todos estos malos elementos, y también debería ser un objetivo del PJ y el MP.

Esta depuración, dice el libro, debe darse con cierta discrecionalidad.
Así es. En Colombia, por ejemplo, se sacó de la institución policial al 12% de los policías, y eso en virtud de una ley que fue aprobada por el Congreso que le permitía al ministro respectivo, y al presidente en última instancia, despedir de la Policía a efectivos sin necesidad de probar los delitos, sino alegando una falta de idoneidad para el cargo.

¿Solo con indicios?
Ni siquiera con indicios, con una altísima discrecionalidad. Esa ley fue cuestionada constitucionalmente, pero el Tribunal Constitucional colombiano la validó.

¿Cree que con la descentralización del Perú se descentralizó también la corrupción?
Ese es uno de los problemas serios por los cuales ha crecido el crimen organizado en el país. También porque el sistema de partidos políticos colapsó. En cada elección municipal es mayor la proporción de alcaldes que pertenecen a movimientos regionales y cada vez es menor la que pertenece a partidos.

Menciona también estas “redes familiares” de corrupción. Redes creadas para agilizar procesos y perjudicar a una de las partes o, incluso, para hacer justicia. ¿Qué solución plantear?
Las soluciones son varias. Una es implantar el expediente digital, otra introducir meritocracia en el PJ y la Fiscalía, también que ya no sea el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) el que ratifique cada siete años (a magistrados), sino que estas evaluaciones se hagan todos los años. Y está la propuesta de la reforma de la composición del CNM. Debe haber varios designados por instituciones de alto nivel como la Defensoría, el BCR, y otros por concurso público.

Decía en el libro que entre el 2008 y el 2013 se ha incrementado el presupuesto del PJ, pero ha disminuido la productividad.
Ese es el tema, porque el presidente del PJ y el fiscal de la Nación piden más plata todos los años, pero resulta que, cuando les han dado más plata, la productividad de los jueces ha bajado. Entonces, para eso es fundamental tener un buen sistema que mida la productividad. Hay que construir una metodología de expedientes equivalentes.

La semana pasada, la Comisión Presidencial de Integridad planteó al Ejecutivo 100 propuestas. ¿Cree que habrá voluntad política –no solo del Gobierno sino también del Congreso– para que estas recomendaciones se hagan realidad?
Yo creo que el Ejecutivo puede sacar un cierto porcentaje de ellas, pero otras tendrían que formularse mediante proyectos de ley. Creo que el Parlamento también tiene voluntad política para luchar contra la corrupción. Un tema fundamental es precisamente el tema de mi libro: la reforma judicial. La reforma policial está en manos del Ejecutivo, pero es más difícil llevar adelante una reforma en un poder autónomo como el PJ o el MP. Creo que debe haber un pacto antisoborno entre los estudios de abogados, las gerencias legales de las grandes empresas.

En el Gobierno hubo un caso de corrupción importante, el de Carlos Moreno, y recientemente se vio el de la compra de computadoras. Ambos afectan carteras sensibles, Salud y Educación, a las que la población les presta especial atención. ¿Cómo resolver la corrupción en el Gobierno Central?
Hay que introducir la meritocracia, la Ley de Servicio Civil (Servir), que debe tener prioridad política, porque este gobierno se ha olvidado de su existencia. Hay que limitar el porcentaje de gente que entra por confianza. Ahora, en el caso de las computadores, creo que el ministro no tenía responsabilidad porque la unidad ejecutora tenía que comprar a través de un convenio marco, la OSCE te dice qué empresas te ofrecen esos productos y estás obligado a comprar a la que te ofrece al precio más barato, y todas las computadoras están trabajando. Entonces, no hay perjuicio para el Estado. Lo que pasa es que el proveedor tenía vinculaciones con la jefa de la oficina que compraba. ¿Eso cómo lo controlas?

Autoficha

• “Soy magíster en Antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y periodista. Actualmente conduzco el programa La Hora N, en el Canal N. Mis dos últimos libros fueron La revolución capitalista en el Perú (2007) y La promesa de la democracia (2011)”.

• “Los gobiernos locales y regionales se convirtieron en motines presupuestales que fueron, en buena cuenta, asaltados por estas mafias vinculadas al crimen organizado, o generaron mafias de proveedores para aprovechar la gran cantidad de recursos”.

• “El hombre de la Contraloría en un gobierno regional depende presupuestariamente del gobernador y no depende de la Contraloría. Entonces, el investigador obedece a quien le paga. En realidad, entonces, no hay mecanismos de control, la ley tampoco los dispone”.