"Debe fiscalizarse aporte privado a partidos"

Como integrante de la Comisión de Constitución, el congresista Marco Falconí sostiene que sería un “gravísimo retroceso” eximir a los partidos políticos de un proceso de fiscalización sobre los aportes que reciben de fuentes privadas.

¿El dictamen de la Comisión de Constitución que modifica la Ley de Partidos Políticos es un retroceso, como lo advierten los entes electorales?
Se establece que habrá control respecto del financiamiento público, pero más importante es el financiamiento privado; ese es el tema central y determinante para evitar que el dinero de la corrupción, del narcotráfico y del lavado de activos ingrese a los partidos.

¿Por qué se excluyó entonces ese tema del dictamen?
Desconozco las razones por las que no se ha incluido. Era el tema central y, por la preocupación que hay, debería fiscalizarse.

*Usted es miembro de la Comisión de Constitución, ¿por qué no propuso incluirlo? *
Ha habido más de veinte proyectos que se han ido acumulando y discutiendo prácticamente en tres años. El presidente de la comisión (Fredy Otárola) ha dicho que en el nuevo dictamen que presentará va a tocar ese tema.

¿Cree que hay voluntad real de sacar estas reformas o solo se trata de un maquillaje?
El tema central de la reforma debe ser la rendición de cuentas sobre el financiamiento privado. Diferentes congresistas lo han planteado y Fredy Otárola ha dicho que lo va a incluir. También dijo que se votaría sin debate y ahí sí creo que necesariamente hay que debatir.

Insisto, ¿hay voluntad de aprobar estos cambios?
Por lo menos de parte de los miembros de la comisión, donde el tema se ha discutido durante tres años, hay voluntad. Sobre eso no ha habido ningún voto discrepante, creo que todos estamos de acuerdo en que tiene que haber rendición de cuentas y fiscalización. No creo que haya algún parlamentario que se oponga, debe incluirse, no hacerlo sería un gravísimo retroceso.

Hay demora para realizar cambios que están en agenda desde hace mucho tiempo…
Hasta ahora hay tiempo. Había mucha presión para que se vieran los informes de las comisiones investigadoras en el pleno, pero creo que hubiera sido mejor que el Congreso se dedicara a exclusividad a la Ley de Partidos Políticos, no porque sea más importante sino porque es más urgente. Entiendo que en las próximas semanas debe resolverse el tema.

Si los organismos electorales y algunos medios no hubieran alertado al respecto no se corregiría el dictamen. ¿No se ha tratado de pasar por debajo de la mesa un proyecto que no recogía los cambios que se requieren?
Aunque es un tema negativo, los presidentes de todas las comisiones pueden aceptar, por sí y ante sí, unas propuestas y no otras, pero es el pleno el que tiene que aprobar o desaprobar. No se puede responsabilizar al presidente de la comisión.

Usted preside el grupo que evalúa los decretos legislativos. ¿Ha cumplido el Ejecutivo con las expectativas que había cuando se le delegaron facultades para legislar en materia, por ejemplo, de seguridad ciudadana?
Se han dado ocho decretos de urgencia y diecisiete decretos legislativos y –según tenemos información– hasta el vencimiento del plazo, que es el 1 de octubre, se expedirá otra cantidad de decretos legislativos.

¿Pero de la evaluación inicial se puede decir que han dado normas trascendentes? Se dijo, por ejemplo, que incorporar el delito de sicariato en el Código Penal era innecesario, que ya estaba normado.
Eso es muy importante porque el sicariato ya estaba dentro de la figura de asesinato. Entonces, por presión social comenzamos a crear nuevas figuras o a colocar nombres especiales a figuras que ya estaban reguladas, ese es un problema. El Decreto Legislativo 1181, sobre el delito de sicariato, era técnicamente innecesario porque ya estaba regulado.

¿El Poder Ejecutivo, entonces, ha terminado legislando por presión social?
Tratándose concretamente del delito de sicariato digo presión porque ya estaba regulado en el Código Penal y no hacía falta volverlo a regular.

¿Valió la pena que el Congreso delegara las facultades?
De todos modos había que darle facultades al Ejecutivo, pero al haber entrado recién en vigencia la ley no podríamos hacer una evaluación de resultados. Por ejemplo, se ha implementado el mecanismo de recompensas para promover la captura de terroristas, pero no por eso mañana vamos a capturar a cabecillas de organizaciones criminales; se necesita regulación. Las leyes hay que revisarlas, vamos a hacer control político y no solo en estas semanas sino en meses o años.

¿Cómo advierte la gestión del gobierno en materia de seguridad ciudadana?
La percepción de la población es que hay mucha inseguridad y es una preocupación porque se quiere resultados concretos en la lucha contra la delincuencia. Lamentablemente no se han cumplido los resultados que se esperaban y no solo es problema del gobierno sino de las autoridades, ciudadanos, Poder Judicial, Ministerio Público; todos somos corresponsables.

FRASES

■ “Voté en ámbar el informe final de la comisión Belaunde Lossio porque estaba de acuerdo solo con una parte de las conclusiones. La propuesta original era que se votara conclusión por conclusión, pero como no se vota por partes, considero que no puedo votar a favor”.

■ “En la bancada de Unión Regional estamos integrados y vamos a continuar de esa misma forma. Mi movimiento Fuerza Arequipeña estaría firmando una alianza, en las próximas semanas, con Alianza Para el Progreso de César Acuña”.

■ “Se ha constituido un grupo de control político y constitucional para ver los decretos dados por el Ejecutivo y hemos pedido al presidente de la Comisión de Constitución que haga la gestión para que nos asignen un par de asesores; sería difícil cumplir si no tenemos personal”.

Por Patricia Quispe (pquispe@peru21.com)