Eduardo Vega: "La corrupción es más grave de lo que pensé"

La Comisión Presidencial de Integridad culminó su labor y su presidente, el abogado y ex defensor del Pueblo interino Eduardo Vega, explica en esta entrevista cuáles son sus recomendaciones principales.

¿Qué análisis hace de la corrupción en el Perú finalizada la labor de su comisión?
Mis primeras palabras son, sin duda, duras. El problema de la corrupción es más grave de lo que pensé. La ciudadanía está demandando medidas muy claras, urgentes y concretas, y siente que muy poco se está avanzando. La desconfianza hacia las autoridades es grande, así como lo era la desconfianza a esta comisión, a la que se miraba pensando que sería una comisión más.

¿Qué porcentaje son propuestas de gestión?
Hay más de 30 propuestas inmediatas de gestión que podrían incorporarse de manera rápida. Pero hay una propuesta que para nosotros es central y básica: que el presidente y los más altos funcionarios del país presenten una declaración jurada de intereses.

¿Qué comprendería eso?
Que el funcionario ponga en blanco y negro su pertenencia, su participación en empresas, accionariado, directorio en los últimos cinco años, para que todos sepamos si cuando se están tomando decisiones, se hace en interés público y no para favorecer a determinada empresa. Esto, para nosotros, completa el sistema. Hay una declaración de bienes y rentas, está la declaración ante la Sunat, pero esta declaración completa ese esfuerzo.

¿A quiénes debe alcanzar?
Al presidente de la República, a los ministros,los congresistas, magistrados de la Corte Suprema, los gobernadores, los alcaldes, el titular de la SBS, fiscal de la Nación, defensor del Pueblo… Todos ellos. La propuesta es que cada uno cuelgue la información en su página web.

¿Qué encontraron en estos 45 días que les hace sugerir esta medida?
Siempre hay especulaciones de todo tipo, pero no es que hayamos encontrado a algún funcionario en específico. Esta es una medida preventiva. Junto con esto, tenemos varias propuestas sobre las contrataciones públicas, la justicia frente a los casos de corrupción y el financiamiento ilícito de campañas.

¿Qué proponen sobre el sistema de contrataciones?
Que en línea se puedan consultar las distintas etapas de un proceso de contratación, que la lista de proveedores del Estado sea verificada in situ, y si alguien miente, que sea sancionado o separado. Lo otro es que las empresas que proveen al Estado no tengan sanción por delitos de corrupción.

¿Y en obras públicas?
En obras públicas está el famoso problema de los adicionales. Es decir, un proyecto tiene un costo y a la mitad de la obra está costando el doble o triple. Se nos ha dicho que es por el mal diseño de la obra. Bueno, pues, tiene que haber buenos diseños. Y cuando se autorice un adicional, debe estar plenamente justificado. Para evitar todo esto, también estamos pidiendo que se modifique el régimen del arbitraje. Proponemos eliminar el arbitraje ad hoc, donde sospechosamente siempre pierde el Estado, y que solo exista el institucional.

¿Y sobre el financiamiento de las campañas políticas?
Ahí son tres las propuestas que planteamos. Primero, que no haya financiamiento anónimo. El segundo es que los aportes sean bancarizados y, de incumplir esto, debe haber sanciones de inhabilitación a los partidos políticos. Ahí el tema está en la cancha del Congreso.

El otro punto es el sistema judicial. ¿Qué proponen?
Hay una sensación de impunidad y uno siente que nuestros órganos de justicia caminan por su cuenta. Necesitamos una coordinación más eficiente. Nuestra recomendación es crear un sistema especializado de justicia anticorrupción con el objetivo de ir al pez gordo, tipo Lava Jato. Que nuestras autoridades estén en capacidad de ir a quienes cometen realmente los casos de corrupción.

¿Qué plantean sobre el CNM?
Hay que reformarlo constitucionalmente para que tenga una composición distinta. Nosotros planteamos que haya dos formas de elección: una a través del sistema de personeros, de colegios profesionales, pero, por otro lado, por lo menos la mitad de ellos que sean seleccionados a través de un concurso público de méritos.

Para que esta comisión no sea una más, sus propuestas deben convertirse en realidad. ¿Qué posibilidades ve de que eso suceda?
Yo espero que el presidente de la República lidere este esfuerzo. Por ejemplo, la protección a los denunciantes también es una medida importante…

¿Se debe recompensar a quienes denuncien a funcionarios corruptos?
Por supuesto. Estamos recomendando un programa de recompensas para quien denuncia a funcionarios corruptos tanto en el sector público como el privado, pero es importante que el ciudadano sienta que, cuando denuncia, encuentra autoridades dispuestas a investigar y sancionar.

Tomando las recomendaciones de su comisión, ¿en qué tiempo se podrá ver resultados positivos de la lucha anticorrupción?
En el primer trimestre del 2017 se deben ver buenos resultados.

Autoficha

• “Es un tiempo bastante corto 45 días, pero hicimos un gran esfuerzo. Hemos estado en tres regiones, pero han sido audiencias macrorregionales. En Arequipa estuvieron representantes de Tacna, Moquegua, Puno. En Trujilo de Lambayeque, Piura, Cajamarca. Igual en Pucallpa”.

• “Esta comisión nació a raíz de un caso muy concreto, el del señor Carlos Moreno. Entonces, nosotros necesitamos dar mensajes muy claros. Eso es lo que hemos tratado de hacer en estas 100 propuestas que van dirigidas a distintas autoridades”.

• “Muchas veces no hay forma de seguir cuánto se ha pagado en una obra y cuál es el avance de su ejecución física. Estamos proponiendo que todos los precios bases de un proceso de adjudicación sean públicos, porque muchas veces al Estado le venden más caro”.