Después de la repartija, ¿qué?

Juan José Garrido,La opinión del director
Pasados dos meses desde que se cayera la llamada “repartija”, la triste realidad es que hemos regresado al limbo institucional en el que nos encontrábamos a comienzos de año. Lo que empezó como un ejercicio de distribución de cuotas de poder acabó en un aborto temprano frente al masivo rechazo ciudadano. Y si bien es cierto que existieron fundamentos detrás del enojo popular, lo cierto es que llevamos más de 3 años en una parálisis que requiere ser atendida de inmediato.

Los problemas del sistema de cuotas empleado por el Congreso eran múltiples. Por un lado, permitía la designación de candidatos funcionales a los intereses particulares. Por otro, el uso del voto en bloque, el cual facilitaba las transacciones al nivel partidario a fin de determinar el arreglo final. En resumen, una repartición de poderes a espaldas de las necesidades institucionales y ciudadanas.

Lamentablemente, es inevitable que acabemos frente a otro sistema basado en cuotas. Depende exclusivamente del Congreso la elección de los miembros, razón por la cual debemos asumir que será la correlación de los pesos políticos la que imponga finalmente la metodología a emplearse. Eso o el status quo, el cual beneficia principalmente al APRA.

Siendo esto así, ¿cómo podríamos minimizar el impacto de los intereses partidarios? Primero, aplicando algún tipo de filtro basado en el mérito. Esto ya es pedir bastante; no obstante, la ciudadanía ya probó ser implacable con los impresentables. Luego, separando el proceso de votación por instituciones, de modo que cada una sea atendida con la debida diligencia. Ambas medidas harán más difícil llegar a un acuerdo, empero aseguraría un mínimo de calidad en el resultado, legitimando de paso el proceso en cuestión.

La alta desaprobación del Congreso está muy ligada a su inoperancia en temas fundamentales, partiendo por las designaciones pendientes. Nuestra precariedad institucional hace necesario que el legislativo actúe, y pronto. Por el bien de las instituciones, el fuero congresal y la ciudadanía en general.