04.FEB Sábado, 2023
Lima
Última actualización 08:39 pm
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Opinión

Esta semana hemos escuchado un crudo intercambio de palabras y opiniones sobre la reforma universitaria entre un ex congresista y uno actual. Más allá del nivel de argumentación de uno sobre otro, esta coyuntura puede ser aprovechada para pensar qué ha venido pasando con el tema de la reforma universitaria a dos años de implementada y más de medio año de comenzar el proceso de evaluación de calidad en las universidades.

Como todos sabemos, el proceso de aprobación de esta norma ha sido muy difícil y ha traído consigo grandes críticas y opositores, así como muchos intereses detrás de ello.

No obstante, casi en la totalidad de las universidades públicas, se han hecho cambios de autoridades. Todas las universidades públicas y privadas han entregado sus expedientes en los plazos establecidos para ser evaluadas.

Ya hay cinco universidades licenciadas para operar según las condiciones básicas de calidad.

A pesar de los conflictos surgidos en este debate, otro aspecto a resaltar es que esta reforma cuenta con el respaldo de los representantes estudiantiles, quienes son los principales usuarios con todo el derecho de exigir mayor calidad en la educación superior.

Hoy en día, tres de cada cuatro estudiantes son universitarios de primera generación. Es decir, que son estudiantes cuyos padres no fueron a la universidad. Con esa situación, la Sunedu tiene el gran reto de construir un nuevo pacto con los usuarios para asegurar la igualdad de oportunidades de acceso y la calidad en temas poco visibles como la interculturalidad en la universidad, la igualdad de graduados entre hombres y mujeres, así como el acceso a estudiantes con discapacidad.

La revolución social debe incluir, sin lugar a dudas, la mejora de la calidad de enseñanza en las universidades del interior del país.


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