Columna Eduardo Ponce Vivanco

Embajador

Eduardo Ponce Vivanco,Columnista invitado En esta coyuntura de las Américas, en cuyo foro principal –la OEA– la mayoría latinoamericana se tapa los ojos, los oídos y la boca frente a los desmanes de la “democracia dictatorial” que practican el chavismo y sus socios (que callaron a la diputada venezolana Machado en Washington) ser elegido secretario general de ese organismo sería una pesada e interminable condena moral, como debe de haberlo sido para el chileno José Miguel Insulza. Y sería peor para el candidato García Sayán, cuya credencial más valiosa es haber sido canciller del Perú cuando una sesión especial de la Asamblea de la OEA celebrada en Lima (11/9/2001) aprobó por unanimidad la Carta Democrática Interamericana, iniciativa lanzada y negociada durante el gobierno de Paniagua, del que el candidato fue ministro de Justicia.

Eduardo Ponce Vivanco,Columnista invitado Embajador

Eduardo Ponce Vivanco,Columnista invitado Para quienes no querían votar en contra, esta alternativa permitió no apoyar inicialmente la confianza al Gabinete Cornejo y forzar una negociación sustantiva sobre la conducta institucional del gobierno. Abandonando las posiciones que anunciaron, el Apra y el fujimorismo optaron por la abstención como alternativa legítima y práctica para lograr el consenso de una oposición dispersa y antagónica. Por su demostrada eficacia, es probable que el voto abstinente sea un recurso valioso cuando se requiera equilibrar fuerzas con el Ejecutivo y su mayoría congresal. Los pesos y contrapesos son esenciales para la democracia estable, ordenada y previsible que el Perú reclama.

Embajador Eduardo Ponce Vivanco,Columnista in Al hacer esta indispensable aclaración subrayo la evidente importancia de un punto sustantivo de la sentencia de la CIJ: “178. Mientras Chile ha firmado y ratificado la CONVEMAR, Perú no es parte en este instrumento. Las dos partes reclaman derechos a doscientas millas marítimas. Ninguna de las dos partes reivindica una plataforma continental extensa en el área que concierne a este caso. Chile reclama 12 millas de mar territorial y una zona económica exclusiva que se extiende a 200 millas de la costa. El Perú reclama 200 millas de “dominio marítimo”. El Agente del Perú declaró formalmente en representación de su Gobierno que “(e)l término ‘dominio marítimo’ utilizado en la Constitución (del Perú) se aplica en forma coherente con las zonas marítimas establecidas en la Convención de 1982”. La Corte toma nota de esta declaración que expresa un compromiso formal de parte del Perú.”

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