Venezuela: ¿Qué es la Carta Democrática de la OEA y qué consecuencias puede tener para el país?

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, invocó este martes la Carta Democrática del organismo para el caso de Venezuela invocando el artículo 20 de la carta para justificar la legitimidad de su decisión.

Dicho artículo establece que “el secretario general podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime convenientes”.

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Pero ¿qué significa realmente dar este paso? En concreto, el proceso abre la posibilidad de llevar a la suspensión del país de la organización hemisférica, consignó el portal de la BBC.

En un documento publicado este martes, Almagro hace un llamado al presidente del Consejo Permanente de la OEA, Juan José Arcuri, a realizar una sesión urgente entre el 10 y 20 de junio de este año.

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Si la mayoría del Consejo Permanente concuerda con los argumentos de Almagro, probablemente se tomarán medidas contra Venezuela. Y si el asunto llega a discutirse en la Asamblea General de la OEA y dos tercios votan a favor, Venezuela podría ser suspendida del organismo regional.

¿QUÉ ES LA CARTA DEMOCRÁTICA?
La Carta Democrática Interamericana se aprobó en septiembre de 2001 en sesión especial de la Asamblea de la OEA con el objetivo principal de fortalecer la institucionalidad democrática.

Según declaraciones recogidas por la BBC, el analista político Michael dijo que esta iniciativa de redactar un documento que implicara el compromiso de los gobernantes con la democracia se produjo en el contexto del gobierno de Alberto Fujimori en Perú, tras ser condenado a prisión por haber violado derechos humanos durante sus mandatos, entre los años 1990 y 2000.

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“El propósito de la Carta es que otros poderes en el gobierno actúen si el Ejecutivo viola el proceso democrático”, indicó Shifter.

El documento establece cuáles son los elementos esenciales de la democracia representativa, como el respeto a los derechos humanos, la separación e independencia de los poderes públicos y la libertad de expresión.

La primera vez que se aplicó la Carta fue en 2002, durante la salida momentánea del gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez. En 2009 también se utilizó para condenar el golpe de Estado que depuso a Manuel Zelaya en Honduras, y la convocatoria acabó en la suspensión del país del organismo.