Nicolás Maduro amenaza con arrestar a jueces nombrados por el Congreso opositor

El presidente Nicolás Maduro manifestó que que los 33 magistrados, principales y suplentes, que fueron nombrados el viernes pasado como tales por el Parlamento para sustituir a los jueces del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que considera “ilegítimos” irán presos “uno por uno” y se les congelarán sus bienes y sus cuentas bancarias.

“Esta gente que nombraron, usurpadores que andan por ahí. Todos van a ir presos, uno por uno, uno detrás de otros. Todos van a ir presos y a todos les van a congelar los bienes, las cuentas y todo, y nadie los va a defender”, declaró Nicolás Maduro durante su programa semanal en la televisión pública.

Ángel Zerpa, uno de los magistrados nombrados, fue detenido ayer por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en una acción que fue calificada de “terrorismo de Estado” por el Parlamento de mayoría opositora, y que ha acusado a los jueces en ejercicio del Supremo de ser el brazo judicial del Gobierno.

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“Ahora están cometiendo el error garrafal de crear un Estado paralelo, que es una barrabasada, una estupidez, una cosa de muchachos, de adolescentes políticos”, agregó Nicolás Maduro sobre el acto de la oposición.

¿Por qué buscan remover a jueces del Tribunal Supremo de Justicia?

Los jueces del Tribunal Supremo de Justicia en ejercicio fueron designados por el Parlamento chavista en un proceso relámpago. Solo días después de la victoria opositora en las elecciones legislativas de 2015 y antes de que la nueva mayoría tomara posesión en la Cámara.

Con su intento de sustituir a estos magistrados, la oposición busca iniciar el restablecimiento de “la constitucionalidad” en el país afectada por varias sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que castigaban al Parlamento tras haber declarado a la Cámara “en desacato”.

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Luego de la juramentación por el Parlamento de los 33 jueces paralelos, los magistrados en ejercicio del Tribunal Supremo de Justicia emitieron un pronunciamiento en el que advertían a los recién nombrados de que estaban incurriendo en “delitos de traición a la patria” contemplados por la justicia militar.

La declaración del Tribunal Supremo pedía asimismo “medidas de coerción” contra todos los que participaron en los supuestos delitos.

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