Un informe elaborado por un bufete británico por encargo del Gobierno de Qatar denuncia la matanza y torturas sistemáticas de al menos 11,000 detenidos por parte del régimen del presidente sirio Bashar al Assad.
El documento, filtrado hoy en el diario londinense The Guardian y la cadena estadounidense CNN, ha sido redactado por tres exfiscales internacionales y se basa en el análisis forense de 55,000 imágenes digitales.
Este informe de 31 páginas, que documenta abusos desde el inicio del conflicto en Siria en 2011 hasta el pasado agosto, se divulga la víspera de que empiece mañana en Suiza la conferencia de paz Ginebra 2, que busca consensuar un proceso de transición en el país árabe.
Según The Guardian, los autores del estudio concluyen que hay “pruebas claras, susceptibles de ser admitidas por un tribunal, de asesinato y tortura sistemáticos de personas detenidas por los agentes del Gobierno sirio”.
Ello, apuntan estos expertos, “apoyaría cargos de crímenes contra la humanidad y podría sustentar también cargos de crímenes de guerra contra el actual régimen sirio”.
Los firmantes del informe, elaborado a partir de fotografías sacadas de Siria por un fotógrafo militar desertor del régimen, son los británicos Desmond de Silva, exfiscal jefe del tribunal especial para Sierra Leona, y Geoffrey Nice, fiscal en el caso contra el expresidente de la antigua Yugoslavia Slobodan Milosevic.
También lo suscribe el abogado estadounidense David Crane, quien fue igualmente fiscal en la corte especial para Sierra Leona, donde imputó al presidente de Liberia Charles Taylor.
TESTIMONIO VISUAL
Las fotografías, que muestran unos cuerpos demacrados, algunos sin ojos y con rastros de golpes o de haber sido atados, las extrajo del país un fotógrafo identificado como “César” por seguridad de la Policía militar siria que se encargaba de certificar las defunciones del régimen.
Según explica The Guardian, esta persona las sacó del país en un lápiz de memoria y se las entregó a un contacto del Movimiento Nacional de Siria, un grupo opositor apoyado por el Gobierno de Catar.
El emirato qatarí, así como la vecina Arabia Saudí, ofrecen apoyo económico y armas a grupos islamistas rebeldes que luchan contra las fuerzas del presidente Bashar al Assad.
Tras divulgarse el informe, la Coalición Nacional Siria (CNFROS) –principal alianza opositora que, contra la opinión de muchos de sus miembros, ha aceptado asistir a Ginebra 2– instó hoy a la comunidad internacional a presionar a Al Assad para que deje el poder.
En un comunicado, declaró que “las nuevas pruebas que demuestran la brutalidad del régimen subrayan la necesidad de una transición a una Siria libre de Al Assad y el fin de la cultura de la impunidad”.
POR QUÉ SE TOMARON LAS FOTOS
Para elaborar el estudio, los abogados interrogaron al fotógrafo desertor, quien admitió no haber presenciado torturas o ejecuciones pero que describió con credibilidad su sistema de trabajo.
“César” contó que sacaba fotos de los muertos bajo custodia “por dos razones”, para “emitir un certificado de defunción sin que las familias tuvieran que ver el cuerpo” y “para confirmar que las órdenes de ejecutar a ciertos individuos se habían cumplido”.
Según el disidente, a los familiares se les decía que la víctima había muerto de “un ataque al corazón” o “problemas respiratorios”.
A cada cadáver se le asignaba un número conectado a la rama del servicio de seguridad responsable de su detención y muerte y después otro del hospital que asumía su defunción, tras lo cual los cuerpos eran enterrados en zonas rurales.
De acuerdo con los forenses, las fotografías muestran que “un número significativo de los muertos estaban demacrados y una minoría significativa había sido amarrada o golpeada con objetos parecidos a una barra”.
En la mayoría de los casos, advierten, no se aprecia la herida que causó la muerte, lo que reflejaría el cuidado puesto por el régimen para ocultar sus prácticas.
En declaraciones a The Guardian, De Silva dijo que las fotos, todas de hombres menos una mujer, demuestran “una matanza a escala industrial”, mientras que Nice admitió que, aunque el alcance y la sistematización de las muertes sugiere implicación estatal, podría ser difícil inculpar directamente, en un juicio, al presidente sirio.
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