Panamá: Corte Suprema ordenó detención provisional del expresidente Ricardo Martinelli

La Corte Suprema de Panamá ordenó la detención del expresidente Ricardo Martinelli, quien es acusado de escuchas ilegales a políticos opositores, empresarios y periodistas y cuyo paradero es desconocido y que reaccionó este martes en un tuit asegurando ser objeto de un “juicio político”.

“Se ordena la detención provisional de Ricardo Martinelli”, dijo el magistrado Luis Carrasco, al anunciar la decisión adoptada por la Corte la noche del noche, tras una audiencia de siete horas. “Su ausencia impide el desarrollo y la finalización de este proceso”, añadió.

Ricardo Martinelli es objeto de esta orden de arresto tras haber sido declarado el 11 de diciembre en rebeldía, por no haberse presentado a una audiencia del proceso que se le sigue por espionaje a opositores durante su gobierno (2009-2014).

Ricardo Martinelli abandonó Panamá en enero pasado, un día después de que la Corte Suprema iniciara investigaciones por otro caso de supuesta corrupción. El expresidente derechista tomó un avión con destino a Florida, pero se desconoce su paradero actual, aunque medios locales afirman que sigue en Estados Unidos.

La mañana del martes, pocas horas después de que la justicia panameña ordenara su detención, Ricardo Martinelli se pronunció sobre la medida:

Round 1 de juicio politico: sin estar en expediente, sin imputaciòn, sin debida notificaciòn y sin condena se ordena detencion provisional.

— Ricardo Martinelli (@rmartinelli) diciembre 22, 2015

Ricardo Martinelli, de 63 años, es acusado, junto a otros responsables de las fuerzas de seguridad, de interceptar las comunicaciones de unas 150 personas entre empresarios, periodistas, dirigentes de la sociedad civil y políticos opositores a su gobierno.

Ricardo Martinelli también es investigado por la Corte Suprema por la supuesta sobrefacturación en un contrato de 45 millones de dólares para la compra de comida deshidratada para escuelas públicas.

Ricardo Martinelli, un magnate del sector de supermercados que alcanzó la presidencia prometiendo una cruzada contra la corrupción, es mencionado en otra decena de casos que investiga la justicia en relación a delitos financieros, compras con sobreprecios y cobro de comisiones por el pago de impuestos.

Sin embargo, Ricardo Martinelli y sus seguidores aducen que se trata de una persecución política de su sucesor, Juan Carlos Varela, antiguo aliado del exmandatario panameño hasta que éste lo cesó de su cargo de canciller en 2011.

Además de Ricardo Martinelli, también son procesados dos exsecretarios del Consejo de Seguridad, Alejandro Garúz y Gustavo Pérez, quienes están detenidos desde enero pasado y en espera de juicio programado para marzo de 2016.

Ricardo Martinelli es juzgado por la Corte Suprema —y no por un tribunal inferior— debido a su condición de diputado del Parlamento Centroamericano. Su defensa de Martinelli, encabezada por el exprocurador general Rogelio Cruz, intentó frenar la solicitud de detención presentando un recurso de inconstitucionalidad, que fue desestimado por la Corte.

Luego de tres horas de alegatos del fiscal, de los abogados querellantes, de algunas de las propias víctimas y de la defensa, los nueve magistrados decretaron un receso para deliberar y, cuatro horas después, dieron a conocer la medida contra Ricardo Martinelli.

El abogado Miguel Antonio Bernal, una de las víctimas del espionaje, consideró que la orden de arresto que pesa sobre Ricardo Martinelli es una “satisfacción para la sociedad panameña, porque ve algo de justicia que hasta el momento se le negaba”.

El político opositor Mitchell Doens —otra víctima del espionaje— también dijo sentirse satisfecho por la decisión del tribunal. “Ahora, solo toca hacer cumplir la orden de detención y que responda por los delitos”, expresó.

Carlos Carrillo, del equipo de abogados de Ricardo Martinelli, cuestionó la decisión del tribunal, afirmando que “la Corte ha decretado el arresto de un expresidente sin haberle formulado cargos primeros”.

Ricardo Martinelli, además, enfrenta otros procesos relacionados con el uso ilegal de fondos públicos de un programa de asistencia social adscrito a la Presidencia.

Con información de AFP.