ONU: 90 % de ejecuciones se realizan en China, Arabia Saudí, Irán y Pakistán

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, denunció que China, Arabia Saudí, Pakistán e Irán son los cuatro países responsables de casi el 90 % de ejecuciones en el mundo.

En la presentación de su informe anual ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el alto comisionado se centró en especial en Irán y recordó que allí se condena a la pena capital a personas que eran menores de edad cuando cometieron los actos juzgados.

Zeid mencionó la reciente suspensión de la ejecución de dos menores, pero recordó que al menos ochenta jóvenes siguen esperando que se lleve a la práctica su condena a muerte.

El responsable de derechos humanos de la ONU señaló que se tiene información de que en Irán se ha aplicado la pena capital 116 veces en los últimos dos meses, mientras que en 2016 se habría ejecutado a 530 personas.

La mayoría de sentencias de muerte en Irán se dicta por delitos relacionadas con el consumo y tráfico de drogas, infracciones al Código Penal que, a su entender, “no alcanzan el umbral de gravedad” de los hechos punibles con la pena capital. Zeid también lamentó el alto número de condenados en China, donde “las ejecuciones se cuentan por miles cada año”.

Asimismo, el alto comisionado lamentó la decisión de Pakistán de reanudar la aplicación de la pena capital, después de que el primer ministro, Nawaz Sharif, levantara en 2014 la moratoria que regía al respecto.

Situaciones similares se dan en Baréin, Gambia, Indonesia, Kuwait y Jordania, país natal del alto comisionado, que han retirado sus promesas de establecer una moratoria a la aplicación de la condena a muerte.

“Lamento profundamente esta tendencia retrógrada”, afirmó Zeid, quien deploró la intención declarada por Estados como Turquía, Filipinas, Islas Maldivas y Papúa Nueva Guinea de volver a instaurar la pena capital.

Por otra parte, el alto comisionado valoró la adhesión y ratificación por parte de Togo, República Dominicana y Santo Tomé y Príncipe del Segundo Protocolo Opcional del Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos, instrumento jurídico destinado a abolir la pena de muerte en el mundo.

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