Ya no solo estamos ante el quiebre total del Estado de Derecho en Venezuela sino de la disolución de la Asamblea Nacional decretada por Nicolás Maduro, a través de una sentencia del obediente Tribunal Supremo de Justicia, que asumirá —servilmente— la función legislativa. María Corina Machado, diputada defenestrada y golpeada en el hemiciclo, lo califica de golpe formal y declarado, y acierta al presentarlo como resultado del diálogo gobierno-oposición mil veces burlado por el chavismo.
El golpe viene inmediatamente después de la Reunión del Consejo Permanente de la OEA que, en virtud del Informe del Secretario General, aprobó una Hoja de Ruta hacia la democracia con la intención de evitar la expulsión que dispone la Carta Democrática Interamericana. Significa que Nicolás Maduro optaría por cortar ese camino, retirándose de la OEA antes de exponerse a una medida tan deshonrosa. Desaparecería así el único elemento de presión diplomática continental para salvar a los venezolanos oprimidos y hacer respetar sus derechos humanos.
Nicolás Maduro, su canciller y su gobierno inventan su propia realidad. Piensan que con su palabra la tierra se puede hacer cuadrada, y están seguros que les creemos. Es imposible entenderse con ellos. El diálogo es una invitación que aprovecharán de mala fe en perjuicio de su pueblo.
¿Qué alternativa queda entonces? Que los mismos países (14) que emitieron la declaración que sirvió de base a la Hoja de Ruta de la OEA llamen en consulta a sus Embajadores en Caracas como manifestación de protesta, e invoquen a otros Estados para que los acompañen. Venezuela comprendería que es el paso previo a un rompimiento de relaciones diplomáticas.
Los parlamentarios de la región también deberían concertar acciones eficaces y solidarias con sus defenestrados colegas venezolanos que ya no podrán siquiera reunirse como representantes elegidos para defender a su pueblo.
La indolencia no es una opción digna del Hemisferio ni de América Latina.
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— Diario Perú21 (@peru21noticias) 31 de marzo de 2017
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