El juez Ricardo Augusto Soares Leite del Tribunal Federal en Brasilia ordenó suspender las actividades del instituto fundado y dirigido por el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Esta decisión fue tomada tras la sospecha de que sus instalaciones sirvieron como lugar de encuentro para la “perpetración de varios hechos ilícitos” relacionados con la red de corrupción que operó en la estatal Petrobras.
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Asimismo, el tribunal explicó que ha notificado a la Justicia de Sao Paulo, lugar donde se encuentra ubicado el instituto, con el objetivo de que la orden sea cumplida “en un plazo de tres días”.
En el proceso a cargo del magistrado Leite, Lula es acusado de “obstrucción a la justicia”, por supuestas maniobras para intentar comprar el silencio de uno de los exdirectivos de Petrobras implicados en el asunto.
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La intención, según los cargos, era evitar que ese antiguo ejecutivo de la compañía estatal colaborase con la justicia, a cambio de un multimillonario soborno y hasta ayuda en los tribunales para lograr que fuera absuelto.
La decisión anunciada por el juez Leite está apoyada en la posibilidad de que el instituto dirigido por Lula haya servido para intentar esas maniobras, según explicó el propio magistrado en un oficio remitido a los tribunales de Sao Paulo.
El Instituto Lula, fundado por el ex mandatario en 2011, ha negado todas las acusaciones, pero ha dicho que no comentará la decisión adoptada por el juez Leite porque aún no tiene información oficial sobre el asunto.
La decisión ha sido tomada en vísperas de que Lula declare por primera vez, al menos personalmente, ante el juez federal Sergio Moro, en otra de las causas en que responde como reo.
El caso que motiva la declaración prevista para mañana se refiere a la propiedad de un departamento en el balneario paulista de Guarujá que figura en los registros a nombre de la constructora OAS. Una de las implicadas en la red de corrupción que operó en la estatal Petrobras.
Sin embargo, según las acusaciones, el verdadero propietario del departamento sería Lula, que lo habría recibido a cambio de “favores” hechos desde el poder a esa constructora.
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— Diario Perú21 (@peru21noticias) 9 de mayo de 2017
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